Propuesta de la Confederación Sindical de CCOO
Introducción.
En julio de 2008 se suscribió la “declaración por el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social” con la que se inauguraba una nueva etapa del diálogo social en España. De aquel documento destacaban: un diagnóstico de la situación económica más en términos de desaceleración que de crisis, a pesar de que la insistencia sindical consiguió situar este término; una apelación a la concertación entre sindicatos y empresarios en la perspectiva de renovar los Acuerdos para la Negociación Colectiva (ANC), que se habían venido suscribiendo desde el año 2002; y la distinción entre aquellas materias susceptibles de ser negociadas y acordadas (Seguridad Social y desarrollo del Pacto de Toledo, inmigración, estrategia española de seguridad y salud laboral, juventud, dependencia, modernización de los servicios públicos de empleo, mejora de la formación profesional reglada y para el empleo,…) y aquellas que se situaban en el terreno de la información y la consulta (las políticas de infraestructuras y medioambientasles; las industriales y energéticas; las de investigación, desarrollo e innovación; las educativas; las sanitarias; las de vivienda; las económicas, fiscales y financieras;…). Estábamos ante lo que se ha denominado “Diálogo Social Reforzado”
En menos de un año la situación económica se ha deteriorado hasta tal punto que hemos rebasado la cifra de los cuatro millones de personas desempleadas (según la EPA del primer trimestre); hemos entrado en recesión y de la abultada inflación de la que hablábamos entonces hemos pasado a presenciar una fuerte moderación de la inflación con riesgo, incluso, de entrar en escenarios deflacionistas. De otra parte, el diálogo social mantenido hasta la fecha no sólo no ha arrojado resultados positivos, sino que ha cosechado sonoros fracasos: no se ha podido renovar el ANC dadas las pretensiones empresariales de vincular la negociación colectiva a sus reivindicaciones más estratégicas (reducción de cuotas a la seguridad social, nuevo contrato con 20 días de indemnización, descuelgues generalizados,…), y las medidas promovidas por el Gobierno para aumentar la protección al desempleo y estimular la contratación se aprobaron en el Consejo de Ministros sin acuerdo entre las partes. El diálogo social hoy está languideciendo.
Por último, las iniciativas internacionales (G20), europeas y nacionales implementadas para hacer frente a la crisis se han revelado como descoordinadas, inconexas e insuficientes de tal suerte que se hace francamente difícil ver el final del túnel.
En estas condiciones CCOO considera que la estrategia de diálogo social que se concibió en julio de 2008 debe reorientarse, a la luz de la evolución de los acontecimientos. Por tanto, es imprescindible dar un nuevo impulso a la concertación social. Este impulso es necesario si queremos salir más pronto que tarde de la crisis, con los menores costes sociales posibles y más reforzados.
Por todo ello, la Confederación Sindical de CCOO propone UN PACTO DE LEGISLATURA POR LA ECONOMÍA, EL EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL. En las páginas que siguen se recoge lo esencial del contenido de esta propuesta: nuestra valoración de la situación económica, las medidas de carácter coyuntural que corresponde abordar en este momento, las medidas estructurales que planteamos y cómo se debe construir el citado Pacto.
1.- Caracterización de la situación actual.
Estamos ante una profunda crisis financiera y económica internacional. La primera gran crisis de la economía globalizada.
Su origen se encuentra en la prevalencia de la economía especulativa frente a la productiva y en la ausencia de controles del sistema financiero, sobre todo en EEUU, donde se ha jugado irresponsablemente liberando crédito sin garantías en torno al mercado inmobiliario.
En España la crisis internacional tiene una repercusión más aguda, por coincidir con el agotamiento del modelo de crecimiento que se ha seguido en las últimas décadas, hasta el punto de que España podría haber entrado en crisis aun en el caso de que no se hubieran dado las presentes circunstancias internacionales.
El modelo de crecimiento español se ha caracterizado por el fuerte tirón de la construcción de vivienda residencial, fomentada por los bajos tipos de interés, y del sector servicios.
Las consecuencias de este modelo son conocidas: desorbitado encarecimiento del precio de la vivienda que ha llevado a las familias españolas a un nivel de endeudamiento difícilmente asumible; gran crecimiento del empleo de baja cualificación, escasa estabilidad, insuficiente protección y bajos salarios; y altísimos beneficios empresariales que no se han reinvertido en herramientas de futuro, como son la investigación, la innovación y la formación de los trabajadores y trabajadoras, sino que se han ido hacia los altos rendimientos que ofrecía el sector inmobiliario o a gastos suntuarios.
Así, en el momento en que ha estallado la burbuja inmobiliaria se ha paralizado la actividad constructora, que ha arrastrado a las empresas auxiliares, y con ello ha empezado una destrucción de empleo que nos ha colocado por encima de los cuatro millones de personas en paro, con una tendencia creciente.
La caída del empleo, que se agudiza por la incapacidad de nuestra economía de absorber el crecimiento de la población activa, se ha cebado en el empleo temporal que es el que menos derechos de protección acumula, situando a casi un millón de personas en riesgo de exclusión social; ha incrementado la morosidad y ha retraído el consumo, lo cual agudiza el círculo vicioso afectando a la producción de bienes y servicios y llevando, todo ello, a una mayor pérdida de puestos de trabajo.
La crisis del sistema financiero internacional está suponiendo una restricción del crédito a empresas y familias que no hace más que agravar la situación.
En estas condiciones las respuestas de los diferentes gobiernos se han caracterizado por la falta de soluciones comunes convenientemente coordinadas. EEUU ha optado por una fuerte inyección de dinero público dirigido al sistema financiero y a la economía real, mientras que Europa ha sido mucho más timorata.
La última cumbre europea ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades para articular políticas comunes entre los diferentes Estados miembros, y la más reciente del G20, aunque ha representado un paso significativo en la reorientación de las políticas neoliberales practicadas hasta la fecha, ha dado escasa importancia al coste social y medioambiental que está suponiendo la crisis. En todo caso, tendremos que esperar a ver los efectos prácticos de los acuerdos alcanzados.
El Gobierno español ha arbitrado una serie de medidas que, aun yendo en la buena dirección, se han presentado inconexas y con un alcance limitado, cuestión que se agrava por la escasa capacidad de actuación de los instrumentos públicos que deben vehicularlas, como es el caso del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Por otra parte, las medidas que el Gobierno ha llevado a las mesas de diálogo social, si bien tienen la intención, compartida, de incrementar los niveles de protección a los desempleados, algunas se revelan como ineficaces e incluso contraproducentes. En concreto, desde CC.OO. hemos criticado que fueran decididas unilateralmente y que no atendieran al amplio colectivo que hoy está sin protección y nos hemos opuesto, especialmente, a dos: las bonificaciones para la contratación a beneficiarios de prestaciones por desempleo, porque introduce un elemento de discriminación, a la hora de incentivar la colocación, con respecto a los trabajadores y trabajadoras que no las perciben y las bonificaciones a tiempo parcial, ya que este tipo de contratación afecta directamente a las mujeres y supone conducir a éstas y también a los colectivos más vulnerables a un empleo de peor calidad.
Por su parte, los representantes de la patronal, han concebido esta crisis como una nueva oportunidad de recuperar sus tasas de beneficio por la vieja vía de imponer sus propuestas desreguladoras del mercado laboral y de debilitamiento del sistema de protección social: contrato con veinte días de indemnización, bajada de cuotas a la seguridad social, ausencia de controles administrativos ante los despidos, control del absentismo por las mutuas,…
Esta actitud ha hecho fracasar el marco para la negociación colectiva que supone el ANC, aunque CCOO no renuncia a que se pueda recuperar la negociación, pudiéndose abordar la estructura de la negociación colectiva, si se modifican las pretensiones empresariales. CCOO sigue considerando los ANC como el instrumento más adecuado para favorecer la regulación de las condiciones en las que se desarrolla la actividad de trabajadores, empresas y de la economía en general. La posición empresarial también ha puesto en situación de riesgo la concertación social.
Entre tanto, la situación se agrava y no se ven perspectivas de salida.
La convicción de que la economía española atraviesa por un momento extraordinariamente grave, de que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras se encuentran en los márgenes de la exclusión social, que las respuestas que se han puesto en marcha o se proponen no tienen la capacidad de afrontar con eficacia la situación, y que de ésta no saldremos sin una implicación activa del conjunto de la sociedad empezando por sus principales actores, el Gobierno, los agentes económicos y las organizaciones sindicales, es lo que lleva a la CS de CCOO a considerar que hay que actuar sin más tardanza.
2.- Propuestas de actuación de CCOO
En primer lugar, hay que intervenir para hacer frente a la actual coyuntura de crisis: protegiendo más y mejor a quienes más la sufren, los parados, para evitar que caigan en riesgo de exclusión social; reactivando la economía para evitar que se siga destruyendo empleo y reformando nuestro sistema financiero para garantizar el flujo de crédito a las familias y empresas.
En paralelo, debemos actuar con visión estratégica para cambiar el patrón de crecimiento que ha seguido la economía española hasta la fecha y que es responsable, en gran medida, de la situación por la que atravesamos: debemos apostar por una base industrial sólida que invierta en I+D+i, por mejorar el sistema educativo y vincularlo más y mejor al sistema productivo, y por consolidar y ampliar nuestro sistema de protección social.
2.1.- Para hacer frente a la actual coyuntura, CCOO propone:
La primera preocupación deben ser las personas. Particularmente, las que están perdiendo el empleo o no pueden acceder a él.
La caída de la actividad económica está suponiendo una destrucción de empleo a un ritmo de unos 150.000 parados mensuales Una parte significativa de ellos son jóvenes, mujeres e inmigrantes que tenían contratos temporales, caracterizados por bajos salarios y escaso tiempo de cotización, como para acumular suficientes derechos de protección por desempleo; lo que está provocando que muchas personas y familias tengan escasas expectativas de garantizar unas mínimas condiciones de vida. Ya en estos momentos hay algo más de un millón de personas que no cobra ninguna prestación del sistema público. El riesgo de incremento de la exclusión social es evidente y para evitarlo tenemos que:
- Ampliar y mejorar la protección por desempleo: Incrementar los periodos de prestación; suprimir el requisito de responsabilidades familiares para que los menores de 45 años puedan acceder al subsidio por desempleo; ampliar la prórroga del subsidio por dos periodos de seis meses, para los mayores de 45 años sin cargas familiares; garantizar la protección por desempleo y las cotizaciones correspondientes para los trabajadores y trabajadoras contratados para la formación.
- Adoptar mejoras en la Renta Activa de Inserción. Suprimir el requisito de ser mayor de 45 años de edad y reducir el periodo de permanencia ininterrumpida durante un mínimo de doce meses.
- Conseguir una mayor integración de las políticas activas de empleo.
- Reorientar la actuación de los Servicios Públicos de Empleo y mejorar su funcionamiento con el fin de garantizar un seguimiento personalizado de los demandantes de empleo.
- Reformar la legislación concursal: La autoridad laboral debe ser la que determine la autorización de las extinciones colectivas de los contratos de trabajo, así como la suspensión de contratos, y la modificación y traslados colectivos. Modificar el mecanismo de extinción de contrato de trabajo por impago de salario y el acceso a las prestaciones por desempleo en tales casos. Debe revisarse el tratamiento fiscal de las indemnizaciones y de las rentas salariales provenientes de los despidos colectivos o individuales.
Reactivar la economía.
Si la primera responsabilidad es atender a las personas que más directamente están sufriendo los efectos de la crisis, simultáneamente hay que actuar para evitar que el desempleo siga creciendo e, incluso, para que se generen nuevos puestos de trabajo; y ello solo es posible si interveninos para reanimar la actividad económica. Actuar en este sentido requiere una decidida iniciativa pública (inversión directa en infraestructuras y secctores económicos, garantías para que fluya el crédito,…) a fin de que se generen las condiciones en las cuales el sector privado encuentre los estímulos y garantías suficientes para mantener las actuales iniciativas empresariales o iniciar nuevos proyectos. Para ello proponemos:
- Acometer nuevos programas de inversión pública, tanto en lo que se refiere a la dotación de infraestructuras físicas como tecnológicas, que apuesten por la anticipación de obra pública prevista en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), que vertebren el territorio y establezcan una red transversal de comunicaciones.
- Asegurar el mantenimiento integral del stock de infraestructuras existentes, con especial atención a los corredores viarios de uso intensivo y a la red de ferrocarril convencional, que ha de ir acompañado de un programa de reequilibrio modal de transporte de mercancías, favoreciendo el transporte por ferrocarril, con medidas de gestión y construcción de las infraestructuras necesarias para ello.
- Adoptar medidas encaminadas al aumento del parque de viviendas en alquiler, mediante una acción concertada del conjunto de Administraciones Públicas y el sector privado, para dotar a los programas existentes de mayor accesibilidad y agilidad; que contemple tanto los problemas asociados a la disposición de suelo como el stock de vivienda nueva existente y el acceso a la financiación.
- Abordar un Plan de rehabilitación urbana y de vivienda residencial, con especial atención al aumento de la eficiencia energética.
- Acelerar la construcción de los centros educativos y sanitarios públicos necesarios para la mejora de estos servicios esenciales.
- Desarrollar la aplicación de Ley de Dependencia, desde la doble perspectiva de generar el empleo cualificado derivado de la puesta a disposición real del Catálogo de servicios y de animar la actividad constructora, mediante la inversión pública en nuevos equipamientos sociales.
Revisar el funcionamiento del sistema financiero.
En las condiciones actuales en las que no está fluyendo el crédito a las familias ni a las empresas, a pesar de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, es clave normalizar el funcionamiento del sistema financiero español como intermediario entre el ahorro y el crédito, que presenta sus propias deficiencias como suma de causas bastante complejas.
La diferencia en los vencimientos entre la deuda de las instituciones financieras españolas con inversores extranjeros (más de 200.000 millones de euros en el plazo de dos años) y la que mantienen con ellos los agentes económicos españoles (plazo medio superior a los veinte años), el sobreendeudamiento de familias y empresas españolas y los fallidos provocados por la crisis (en una proporción y cuantía elevada corresponde a promotoras inmobiliarias), complican bastante la generación de nuevo crédito.
Por otra parte, la garantía de crédito de las pequeñas y medianas empresas es un elemento muy importante para mejorar el funcionamiento de la economía española, pero la amplitud y el volumen de recursos de las medidas aprobadas hasta la fecha ponen en evidencia la capacidad de un organismo tan pequeño como el ICO (menos de doscientos trabajadores) para poner en práctica un número tan elevado de expedientes con un criterio adecuado de eficiencia.
En estas condiciones cabe plantearse:
- El Estado ha de fijar objetivos concretos de recapitalización de entidades para que puedan relanzar su actividad. Puede avalar emisiones de participaciones y/o deuda preferente/subordinada que permitan asegurar los recursos propios computables, reforzando los ratios de solvencia de las entidades que lo precisen. El aval público facilita su colocación y suaviza su coste. Esta medida supone un apoyo al sector sin recurrir al aumento de deuda pública. Cuando estas medidas no sean suficientes, de forma complementaria a la reordenación del sector, el Estado puede recapitalizar directamente entidades que lo precisen para garantizar su viabilidad.
- Condicionar las ayudas públicas al sector financiero a que las entidades hagan el máximo esfuerzo en reforzar sus reservas, renunciando temporalmente al reparto de dividendos y destinando sus beneficios a reforzar su estructura de capital. Asimismo, deben exigirse para determinar la existencia o no de ayudas públicas compromisos de las entidades con el mantenimiento del empleo en el sector.
- Promover la creación de sistemas de cooperación o integración estables entre las cajas de ahorros y cooperativas de crédito, que les permita mutualizar y aprovechar ventajas por su mayor tamaño en materia de calificación, liquidez y solvencia; así como facilitar el acceso a mercados mayoristas para obtener liquidez y/o capital a mejor precio.
- Defender la naturaleza jurídica de las cajas. Estas entidades han posibilitado el desarrollo social y territorial, la inclusión financiera de las clases sociales más desfavorecidas y, siendo privadas, son las que mejor han satisfecho las demandas de lo que justificaría la existencia de una banca pública.
- Abordar reformas en la normativa reguladora de las Cajas de ahorro, en un escenario en el que los procesos de fusión entre éstas, con racionalidad, parecen necesarios. Estas fusiones deben abordarse desde criterios de máxima complementariedad, tanto dentro de cada comunidad autónoma, como si deben superar ese marco geográfico. Los cambios en la normativa estatal de cajas de ahorros deben garantizar el equilibrio en la representación en sus órganos de gobierno; abordar los vacíos de regulación en materia de reordenación del sector; evitar conflictos de interés en las administraciones públicas que tienen competencias de supervisión, regulación y designación de miembros de órganos de gobierno ; así como perseguir el objetivo de reforzar la simetría supervisora con otros subsectores de crédito, reforzando el papel de los reguladores y supervisores estatales (Banco de España, CNMV), sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.
- Incrementar las líneas de crédito del ICO, favoreciendo su efectividad real. Reforzar adecuadamente sus recursos humanos
2.2.- Apuestas estratégicas:
Una base industrial sólida que invierta en I+D+i
Enfrentarse a los problemas actuales de la economía española exige de la adopción de medidas inmediatas, como las relacionadas más arriba, pero es imprescindible adoptar medidas sobre las que se articulen, en el medio y largo plazo, las bases de la necesaria transformación del modelo productivo español.
El excesivo protagonismo del sector de la construcción y de los servicios en el desarrollo económico de estos últimos lustros ha generado un gran crecimiento de la economía y del empleo pero, como se ha demostrado, las bases en las que se ha sustentado eran frágiles, hasta tal punto que la situación desde la que España aborda los retos de la competitividad no es la óptima. España se sitúa en una posición rezagada con respecto a los principales líderes tecnológicos y del conocimiento europeo y mundial, ya que se encuentra dentro de un amplio grupo de países que han basado su ventaja competitiva en sus menores costes laborales, más que en factores de calidad superiores.
La presente crisis nos obliga a cambiar el patrón de crecimiento para que éste se fundamente sobre bases sólidas y para que, junto a una mayor prosperidad general, se consiga mayor cohesión social y haga que nuestra economía sea menos vulnerable a los cambios de ciclo. Para ello es indispensable:
- Desarrollar la sociedad de la información. En este sentido, la extensión de la banda ancha de calidad con carácter universal, el fomento de las aplicaciones seguras para la gestión, comercialización e internacionalización de las PYMES y la eliminación de la brecha digital, es una prioridad.
- Ordenar y priorizar las inversiones publicas en I+D+i en toda la actividad productiva. El desarrollo tecnológico debe cobrar especial relevancia, así como la investigación de base. Junto a un incremento de los recursos públicos, la iniciativa privada tiene un papel básico que cumplir en este terreno y tiene que asumir compromisos reales en el incremento del gasto en la I+D+i, así como la cooperación publico-privado en esta materia.
- Priorizar la negociación de una Ley de Ciencia avanzada, fundamental para acompañar el necesario cambio de modelo productivo.
- Realizar un plan industrial que afronte el diseño industrial y la calidad de los bienes y servicios. Hay que alcanzar un Acuerdo Marco sobre Política Industrial que apueste por un proyecto, a medio plazo, que diseñe políticas horizontales y sectoriales que incrementen el peso de la industria. Debe fomentarse el diseño industrial, la calidad de los bienes y servicios, la cooperación entre pequeñas y medianas empresas, la exportación y la apertura de nuevos mercados.
- Reactivar el fomento de una política sectorial activa que apoye el desarrollo de la industria, los servicios de valor añadido, el turismo y la construcción productiva y no especulativa. Hay que diseñar nuevas líneas de apoyo a los sectores y empresas exportadoras. Hay que aumentar la inversión productiva para apoyar el cambio en la manera de crecer.
- Crear un marco regulador de la política energética que asegure el abastecimiento, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la eficiencia y el ahorro energético, todo ello en un marco tarifario estable, transparente y asequible.
Mejorar el sistema educativo y vincularlo más y mejor al sistema productivo. Mejorar la Formación Profesional (FP)
La cualificación de los trabajadores y trabajadoras es una de las claves fundamentales para el cambio de patrón de crecimiento. La formación de la fuerza laboral, junto a los necesarios cambios tecnológicos y de la organización del trabajo son las bases para incrementar la productividad y la competitividad que necesita nuestro aparato productivo.
Desde las reformas educativas implementadas en los años noventa, nuestro país ha superado una brecha histórica con los países de nuestro entorno en lo que a extensión de la escolarización obligatoria y a la universalización de la oferta se refiere; pero este avance, sin duda decisivo, no ha venido acompañado de los niveles de excelencia necesarios medidos tanto por el nivel de abandono escolar, como por el número de estudiantes que superan con éxito la enseñanza secundaria superior. Por otra parte, la Formación Profesional de grado medio, pese a las sucesivas reformas, sigue apareciendo ante la sociedad como refugio del fracaso escolar, lo que incide en la carencia de profesionales medios suficientemente cualificados para satisfacer las demandas del mercado de trabajo en el marco de otro modelo productivo.
Esta situación es consecuencia también de que en los últimos años el sistema productivo en nuestro país ha generado una oferta de empleo polarizada en cuanto a niveles formativos, creando empleo en sectores intensivos en mano de obra y con escasa promoción y reconocimiento de la cualificación profesional, por un lado, y, en otro extremo, requiriendo cuantas más titulaciones y acreditaciones mejor.
Así, se ha alimentado, indirectamente, el abandono de los estudios de muchos jóvenes y la demanda de estudios universitarios, lo que provoca una “anomalía” en el nivel de estudios de la población española con respecto a la de otros países europeos: alto volumen de población con estudios primarios, baja tasa de población con enseñanzas medias y Formación Profesional, y una población universitaria proporcionalmente alta. Es decir, abandono escolar, por un lado, y sobrecualificación, por otro.
Por su parte, la formación contínua de los trabajadores y trabajadoras también ha experimentado un alto nivel de desarrollo desde que opera en España, pero, en términos comparativos, tampoco ha llegado a las cotas que nos permitan homologarnos a los países de nuestro entorno.
Todo ello nos lleva a proponer:
- Incrementar las plazas públicas de educación infantil para niños y niñas menores de tres años.
- Poner en marcha medidas para atajar el alto nivel de abandono escolar. Ello requiere prestar especial atención a la detección precoz de las dificultades del alumnado y mejorar la atención a la diversidad en la educación primaria y secundaria obligatoria (ratios, desdobles, etc.).
- Garantizar la orientación en las etapas clave para que los y las jóvenes puedan decidir con criterio los estudios a seguir y desarrollar un sistema integrado de información y orientación profesional.
- Mejorar los resultados del alumnado en las materias de ciencias a lo largo de todo su desarrollo curricular.
- Extender programas de aprendizaje de idiomas y nuevas tecnologías.
- Potenciar los Programas de Cualificación Profesional Inicial, asegurando una oferta suficiente y articulándola con los ciclos de FP de grado medio.
- Diversificar la oferta de ciclos de grado medio de Formación Profesional. Evaluar la política de becas y establecer ayudas específicas para la realización de estudios de FP.
- Desarrollar la regulación de los certificados de profesionalidad, adaptándolos, junto a los títulos de la FP reglada, al Sistema Nacional de Cualificaciones.
- Impulsar una red pública de centros integrados de FP y desarrollar la red de centros de referencia nacional.
- Regular el procedimiento para el reconocimiento de la experiencia laboral a efectos de titulación.
- Promover el reconocimiento de la cualificación y la formación en la negociación colectiva.
- Favorecer la formación de los trabajadores y trabajadoras con más dificultades para encontrar empleo.
- Establecer indicadores de evaluación específicos para la FP.
- Inscribir la Universidad Española al Espacio Europeo de Enseñanza Superior con solvencia, potenciando su faceta investigadora y mejorando la financiación pública. Las universidades públicas tienen una función social inequívoca en la transferencia de conocimiento a la sociedad, a través de la docencia y la investigación, por ello su contribución al cambio de patrón de crecimiento es fundamental. Así, su adaptación y mejora deben garantizar la prevalencia del criterio de rentabilidad social y gobierno y control democrático y comprometer a las CCAA, al Ministerio de Educación y al de Ciencia.
Consolidar y ampliar la protección social.
Cambiar el patrón de crecimiento es la apuesta estratégica para tener una economía más sana y, por tanto, menos vulnerable, pero para CCOO es, al mismo tiempo, el medio para que la riqueza generada se distribuya más equitativamente favoreciendo la cohesión social y, en esa medida, el medio más adecuado de evitar el riesgo de exclusión social y de acabar con las bolsas de pobreza. Ampliar los sistemas públicos que conforman el denominado Estado de Bienestar, además de jugar un poderoso papel anticiclico, son una garantía de que el crecimiento viene acompañado de mayor justicia social.
Los poderes públicos también deben manifestar su compromiso con el mantenimiento y crecimiento del empleo y con la recuperación económica ampliando y mejorando la cobertura, equidad y calidad de los Sistemas públicos de bienestar. Y para ello deben promover la suficiencia y calidad del empleo en estos sectores y revisar la lógica mercantilista que se está instalando en la provisión de los servicios públicos.
Es por ello que, junto a la importancia que le damos a la mejora del Sistema Educativo y al Sistema Nacional de Salud, destaquemos nuestra decidida apuesta por el desarrollo y aplicación con los mayores estándares de calidad de la Ley de atención a la Dependencia y a promover la permanente mejora de nuestro sistema público de pensiones.
La Ley de atención a las personas con dependencia se construyó desde el diálogo social, en la pasada legislatura. Hasta entonces no disponíamos ni del reconocimiento del derecho de estas personas a ser atendidas dignamente ni de la red de servicios necesaria para ello. Su puesta en marcha se ha demostrado compleja y en no pocas ocasiones caótica dada la diferente implicación de las CCAA en su desarrollo y aplicación. Consideramos llegado el momento de subsanar estas disfunciones y para ello proponemos:
- Asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad en el empleo para la acreditación de las empresas
- Mejorar la financiación a las CCAA de la prestación de servicios mediante la creación de un fondo de excelencia.
- Urgir la puesta a disposición de los servicios de proximidad, como la ayuda a domicilio o los centros de día con el imprescindible protagonismo de las Administraciones locales.
- Garantizar el despliegue del Catálogo de Servicios dentro de la Red pública de Servicios sociales de cada CCAA, posibilitando, así, el acceso a los servicios mediante oferta pública y evitando la creación de redes paralelas, la dispersión de recursos humanos y económicos y el abuso de prestaciones económicas.
- Implementar todas las medidas formativas necesarias para garantizar la cualificación profesional de aquellas personas que se dediquen a estas tareas al mismo tiempo que se arbitran las fórmulas pertinentes para la acreditación de la experiencia.
En España, a lo largo de estos últimos años y tras sucesivas reformas, contamos con un sólido sistema público de pensiones que se expresa, entre otras cuestiones, en el superavit con el que cuenta en la actualidad y en la cifra que ha alcanzado el fondo de reserva (58.000 millones). Este sistema tiene algunos retos de futuro: pagar más pensiones durante más tiempo y de mayor cuantía en un contexto de baja natalidad y, en la actual coyuntura, de destrucción de empleo. Pero estos retos se pueden abordar desde dentro del sistema, acometiendo aquellas medidas que garanticen su sostenibilidad presente y futura. Para ello es fundamental no dar pábulo a aquellos que, vaticinando, en cualquier coyuntura, su inminente quiebra, ven en el deterioro del sistema público de pensiones una nueva oportunidad de hacer negocio.
Así, para mejorar el sistema de pensiones públicas, y a expensas de lo que en su momento se pueda plantear tras conocer las deliberaciones de las fuerzas políticas reunidas en torno al denominado Pacto de Toledo que aborda la sostenibilidad del conjunto del sistema, proponemos:
- La integración de los Regímenes Especiales en el General de la Seguridad Social. Régimen Especial Agrario y Régimen Especial de Empleados de Hogar.
- La jubilación anticipada por realización de trabajos penosos, tóxicos o peligrosos, partiendo de los correspondientes estudios previos sobre las condiciones de trabajo en dichos sectores.
- La jubilación flexible: impacto y profundización de los estímulos a la prolongación voluntaria de la vida laboral; el estudio que sobre jubilación anticipada y parcial de los empleados públicos –actualmente sin acceso a la misma-, debía haber realizado el Gobierno en 2008; el mandato pendiente del Gobierno de elaborar un Reglamento de armonización de las clases pasivas del Estado en el Régimen General de la Seguridad Social.
- Mejorar la protección social de las familias. Garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social requiere de nuevos cotizantes que sólo pueden llegar por el incremento de la natalidad y de la entrada de población inmigrante, ello nos debe llevar a promover una estructura de población más equilibrada.. Especial atención merecen las ayudas por hijos a cargo.
- La modificación de la estructura del sistema de pensiones complementarias, diferenciando los sistemas de empleo, de carácter colectivo, de los individuales; reordenar los incentivos a los mismos y favorecer su desarrollo en las pequeñas y medianas empresas.
Las reflexiones y las líneas de intervención hasta aquí apuntadas son las que dan forma a la propuesta de la C.S. de CCOO de PACTO DE LEGISLATURA POR LA ECONOMÍA, EL EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL.
3.- Construir el Pacto de Legislatura por la Economía y el Empleo.
Volcar todos los esfuerzos de la sociedad para enfrentar la crisis, sus efectos más negativos en términos de destrucción de empleo y de tejido productivo, y establecer las bases de un nuevo patrón de crecimiento que garantice mayor riqueza y un mejor reparto de la misma asegurando la cohesión social, requieren de una negociación y compromiso sincero en el que se impliquen con capacidad de liderazgo el Gobierno, la patronal y los sindicatos. En consecuencia, éstos deben ser sus principales protagonistas y el marco para llevar a cabo esta negociación debe ser el del diálogo social.
En un Estado fuertemente descentralizado como el español, las CCAA, que en estos años han asumido importantes competencias en todos los órdenes, deberán asumir un papel activo. El Gobierno central deberá coordinar las medidas que éstas ya están adoptando con las que se puedan acordar en el ámbito nacional.
El Pacto que proponemos deberá contemplar los compromisos concretos sobre las medidas urgentes que deben implementarse de forma inmediata (protección a los desempleados y desempleadas; reactivación económica; revisión del sistema financiero) y aquellas cuestiones más estratégicas (política industrial, I+D+i; mejora educativa y de la formación profesional; consolidación del sistema de protección social) que se abordarán posteriormente con objetivos, método y calendario previamente determinados. Todo ello supone superar la distinción, que se establecía en la declaración de julio de 2008, entre temas objeto de negociación y aquellos acotados a la información y la consulta, para pasar todos ellos al ámbito de la concertación.
CCOO es plenamente consciente de que tras alcanzar un pacto como el que proponemos hay que garantizar su aplicación, y para ello es indispensable contar con suficientes recursos económicos, aun sabiendo que éstos no son ilimitados. Por tanto, así se debe plantear, cuando menos: Flexibilizar, aunque sea temporalmente, los márgenes de endeudamiento y revisar la política fiscal aplicada hasta la fecha.
Madrid, 28 de abril de 2009
