19 February 2008

UNA SEGUNDA LECTURA DE KARL POLANYI

Hace poco traduje esta entrevista de Sinigaglia al profesor Antonio Calafati. Mi idea era dar a conocer la figura de Karl Polanyi, el autor de "La gran transformación". Esta traducción tiene el visto bueno de los autores de la conversación escrita. JLLB




Sinigaglia.- Polanyi no es un pensador muy conocido más allá de los adeptos a sus investigaciones. ¿Eso depende de su adscripción herética respecto a la ortodoxia neoclásica y a la marxista?

Calafati.- Es verdad, su pensamiento no entra en el paradigma neoclásico ni tampoco en el marxista. Ello no ha facilitado la difusión del conocimiento de sus obras, por lo menos aquí. Son unas obras que, sin embargo, se han traducido ampliamente en nuestro país, incluso con prólogos o introducciones de tan diversa interpretación que hacían pensar, en más de una ocasión, que se trataba de un autor distinto. Creo también que su itinerario profesional, anómalo y un tanto “difícil”, no facilitaba la difusión de los resultados de su trabajo. Polanyi se pudo dedicar a la investigación solamente después de sus cincuenta años, en 1947, cuando era profesor de la Columbia University de Nueva York. Tras haber dejado Hungría, fue periodista durante muchos años en Viena y posteriormente enseñante en Inglaterra. Cuando ingresa en la Columbia University -había escrito ya “La gran transformación” (1) , publicada en 1944- crea el grupo de investigación del que nacerá su libro más ambicioso “Tráficos y mercados en los antiguos imperios”, que salió a la luz en 1957. Es una investigación que duró diez años: recoge los escritos de Polanyi y de sus colaboradores. Polanyi muere en 1964 y sus obras más notables (“El comercio de esclavos en Dahomey”, 1964, y “La subsistencia del hombre”, 1977) fueron póstumas, a cargo de sus discípulos. No obstante, creo que la principal razón de las dificultades que hay en la utilización del pensamiento del autor, desde el plano analítico, están en el carácter transdisciplinar de su obra. Es un factor que puede explicar la relativa difusión del pensamiento de otros científicos sociales del siglo XX.

¿Y lo de su pensamiento herético…?

No estoy seguro de que sea verdaderamente un autor herético. Creo que Polanyi pertenece a una línea de pensamiento muy visible en el siglo XX, que va desde Veblen a Commons, de Myrdal a Hirsch, de Hirschman a Amartya Sen, por sólo citar algunos nombres muy conocidos entre nosotros. La idea central de Polanyi (esto es, que el proceso económico está incrustado en el sistema social, que la economía es un producto de las relaciones sociales) no es herético en mi opinión. Al contrario, se puede decir que está en la base del pensamiento de los autores que he citado antes. Es más, se trata de una idea que ha sido dominante en las políticas públicas.

En el campo de las políticas públicas, de manera evidente a partir de los años treinta, fue central la regulación social del proceso económico. Por ejemplo, la insostenibilidad social de un mercado competitivo del trabajo -tal vez el punto central de toda la crítica de Polanyi a la economía de mercado- era una tesis ampliamente compartida y de ninguna de las maneras es herética. Sugiriendo un paralelismo que hubo desarrollado (en absoluto singular) parecería suficiente recordar que antes de la definitiva afirmación del Estado de bienestar, el trabajo como mercancía había perdido relevancia teórica. En la obra de Keynes los salarios eran fijos y debían mantenerse así, fijos: en su “teoría” no era un mercado de trabajo verdadero y propio. Los salarios “fijos”, según Keynes, son importantes como para Keynes lo es la socialización parcial de las inversiones. Si consideramos herético a Polanyi, entonces debemos pensar que es herético el pensamiento social del siglo XX. No creo que ese sea el camino justo para entendernos.

¿Qué influencia ha tenido la perspectiva metodológica de Polanyi en el estudio del proceso económico?

La ampliación del sistema de categorías que propone Polanyi para el estudio del proceso económico es de un interés extraordinario. La utilización integrada de las categorías del “intercambio”, de la “redistribución” y de la “reciprocidad”, así como de su contraposición entre “economía formal” y “economía sustancial” han permitido facilitar los nuevos vínculos causales y sugerir nuevas interpretaciones. Y ello ha permitido al autor proponer una sugerente lectura del surgimiento del capitalismo, tal como lo expone en “La gran transformación”. Al mismo tiempo, pone a Polanyi en sintonía con un relevante y fascinante filón del pensamiento económico y social del siglo XX. En primer lugar, y desde una perspectiva histórica, se podría decir que nuestro autor desarrolló el proyecto de Thorstein Veblen quien, a finales del siglo XIX, defiende a las claras que la “perspectiva antropológica” habría revolucionado la economía política, empujándola a modificar radicalmente el mismo sistema de categorías.

Polanyi no es un antropólogo. Pero la perspectiva antropológica que efectivamente introduce en la investigación histórica y en el análisis económico (lo que Veblen no consiguió hacer) permitió un radical avance del conocimiento de movimientos evolutivos de la economía. Ahora bien, ya en John R. Commons (un gran intérprete del institucionalismo americano de entre guerras) se substituye el más amplio concepto de “transacción” y es substituido por “intercambio”. Polanyi hace más complejo el sistema de categorías y no contempla lo económico como la esfera en la cual domina el intercambio. Para nuestro autor, el proceso económico es dado por la producción y circulación de “materia organizada”, de mercancías, en el interior de un sistema humano. Polanyi sostiene que es sencillamente falsa la tesis según la cual sólo el intercambio (y peor aún, el intercambio competitivo) sería el único principio organizativo del proceso económico; una tesis falsa desde una perspectiva histórica. La distinción entre “economía substancial” y “economía formal” es muy importante.

Volvamos a la relación entre el pensamiento de Polanyi y las políticas públicas. ¿Podemos afirmar que Polanyi es uno de los padres fundadores del Estado de bienestar (welfare state)?

No sabría decir hasta qué punto “La gran transformación” ha influenciado la definitiva consolidación del Estado de bienestar después de la Segunda guerra mundial. Ciertamente, nuestro hombre fue un extraordinario intérprete del proceso que condujo a la afirmación del Estado de bienestar, de las primeras legislaciones en defensa de los trabajadores de las últimas décadas del siglo XX, incluida la introducción de los sistemas de salud nacional. Polanyi interpreta el Estado de bienestar como una respuesta al deseo de reducir y compensar los costes sociales de la expansión del mercado. En el centro de su obra está la tesis de que los mercados (sobre todo los del trabajo, la tierra y la moneda) determinan costes sociales insostenibles.

Polanyi ve los fascismos de los años veinte y treinta como una respuesta a las demandas sociales de control de los mercados. Se puede decir que, en su análisis, el Estado de bienestar es una alternativa a las dictaduras fascistas del periodo de entreguerras, porque los fascismos son vistos como una forma de respuesta al deseo de compensar los costes sociales del mercado. Polanyi muere cuando el moderno Estado de bienestar se encontraba en su fase inicial. Creo que se puede afirmar, no obstante, que su análisis no se limita a una dicotomía entre Estado y mercado. En Polanyi es la sociedad la que se contrapone al mercado, no el Estado, y sería a favor de políticas públicas basadas en esta distinción.

Su concepción del “welfare state”, pues, no es -utilizando una palabra gastada- “estatalista”, pues Polanyi parece darle un mayor papel a la sociedad…

Cierto, en su obra se da mucha importancia a la articulación territorial del Estado. Se podría decir que, en Polanyi, la unidad de análisis es “la ciudad”, la “municipalidad”; en términos modernos y más generales se podría decir que es el “sistema local”, cerrado o semicerrado. Aunque el proceso de integración política y económica entre sistemas locales ha conducido al nacimiento del Estado, se mantienen muchos niveles territoriales (y de regulación) con los que se puede reaccionar contra la “invasión” del mercado, es decir: allí se pueden mantener “esferas de interacción de no-mercado”. Por ejemplo, la “redistribución” -una de las modalidades elementales de transferencia de mercancías (materia organizada) de un individuo a otro, intermediada por una autoridad- no se expresa, y no se debería expresar, solamente a nivel de Estado. Si se observan los sistemas sociales en el tiempo y en el espacio, la forma de actuar del principio redistributivo lo encontramos cuando surge un tipo de interacción entre individuos: familia, tribu, comunidad, sociedad. Así pues, el Estado de bienestar es solamente una modalidad en la que se puede expresar el obrar del principio redistributivo. Es importante recalcar que, en la perspectiva de Polanyi, el Estado de bienestar es la reafirmación en clave moderna del principio de redistribución que limita la esfera del intercambio. Más todavía, es igualmente importante subrayar que la redistribución no puede sustituir a la reciprocidad. Robert Walzer, en “Las esferas de la justicia”, propone una moderna lectura de la concepción de justicia redistributiva que parece inspirarse en el análisis de Polany (2) .

Por tanto, en Polanyi el intercambio no es el único principio organizativo del proceso económico. Pero reciprocidad y redistribución son conceptos clave para entender nuestras economías ¿o son útiles sólo para el estudio de las economías “arcaicas” o “primitivas”?

Nunca han existido economías totalmente dominadas por el intercambio competitivo: el sistema de categorías propuesto por Polanyi es, por tanto, aplicable también a nuestras economías. En primer lugar, es útil recalcar de qué manera Polanyi distingue entre “intercambio” e “intercambio competitivo”, también entre “mercados” y “mercados competitivos”. Se trata de una distinción fundamental para Polanyi, pero también es útil para entender cuánta ficción existe en el uso del término “mercado”. Puede haber intercambios -en las relaciones horizontales- entre sistemas locales, y el conjunto de estos intercambios darían lugar a un mercado. La expresión “mercado” puede asumir también (y frecuentemente lo hace) un significado espacial cuando las transacciones se encuentran en el espacio con una cierta frecuencia temporal. Pero el intercambio competitivo es otra cosa: existe solamente cuando el intercambio se da sobre la base de una equivalencia (precio) que se forma espontáneamente mediante la interacción multilateral entre los sujetos que compran y venden. Los mercados competitivos son mercados que se autorregulan, mercados en los que el precio se forma a través de la intersección de contratos bilaterales entre comprador y vendedor.

En segundo lugar, para describir el proceso económico Polanyi introduce las categorías de la “redistribución” y la “reciprocidad”. Reciprocidad, redistribución e intercambio son las tres categorías (nuestro autor las considera preliminares) que él usa para interpretar la circulación de las mercancías en el interior de los sistemas humanos: familia, ciudad, municipalidad…

Con la expresión “reciprocidad” Polanyi hace referencia a la circulación de materia organizada de un individuo a otro, determinada por el status -por la relación de status- entre los individuos. En una familia de nuestra sociedad, hoy, el status de mujer o hijo funda el derecho a una parte de la disponibilidad de mercancías del marido o padre. No existe intercambio, no son equivalencias (precios), porque la materia organizada (o la moneda) circula de uno a otro individuo dada la relación de status. La cultura, con sus valores y normas, determina la circulación de las mercancías en el interior del sistema humano de referencia. La reciprocidad en Polanyi es un principio todavía más elemental que la redistribución. La redistribución tiene un carácter “político”, en el sentido en que se funda en un proceso de decisión colectiva. Las transacciones que se dan sobre la base del principio de reciprocidad, sin embargo, están directamente conectadas a la cultura de una comunidad concreta.

La economía de mercado sería, por tanto, una innovación reciente, surgida hace unos doscientos años junto a la Revolución industrial…

… una experiencia según Polanyi que nació con la abolición de la Poor Laws en 1834 y acabada unos cuarenta años después con la introducción de los vínculos que se pusieron al funcionamiento del mercado de trabajo y en particular con el reconocimiento de los sindicatos…

Polanyi interpreta la ascensión del capitalismo como un proceso de transformación en mercancías. Es decir, de materia-energía contratada en los mercados competitivos: del trabajo, de la tierra y de la moneda. Pone su atención, además, en el auge y declive de los mercados de trabajo y de la moneda. A propósito del mercado de la moneda: la discusión actual sobre los efectos de los mercados de capitales competitivos y globalizados le debe mucho a la metodología de Polanyi.

¿Cual ha sido el proceso que ha conducido al nacimiento de la economía de mercado?

Desde una perspectiva histórica (y analítica) podemos decir que el punto de partida de Polanyi son los sistemas humanos cerrados o semicerrados. Nuestro autor interpreta la evolución institucional como un proceso de integración de sistemas locales. Se puede poner el ejemplo de la “famiglia appoderata” (3). Esta familia campesina con finca propia es un sistema abierto en términos de relaciones verticales: la producción se da sobre la base de la manipulación de materia/energía presente como consistencia o como flujo en el espacio geográfico de referencia. Las transacciones horizontales son mínimas, casi en el límite cero. En el interior de la familia, la materia organizada (la producción) se distribuye entre miembros a través de la modalidad de la reciprocidad y la redistribución. La subsistencia del sistema en su totalidad estaba asegurada mediante la tecnología por la materia/energía disponible en el espacio geográfico. La subsistencia de sus miembros se determinaba por el funcionamiento de los principios de la redistribución y la reciprocidad y desconectada de la posición de cada individuo en el ámbito del proceso de producción. La aldea funcionaba de la misma manera. Las relaciones horizontales eran mayores y servían para reducir la dependencia de la producción con relación al espacio económico. Pero el hecho que fueran transacciones bilaterales o multilaterales entre aldeas no mermaba la importancia de la reciprocidad y de la redistribución en el interior de la aldea. En efecto, según la interpretación de Polanyi, la primera fase de expansión de los mercados afecta a los mercados entre sistemas humanos (familia, tribu, comunidad) en el interior de los cuales el mercado no tiene papel alguno: son mercados sin economías locales de mercado. Lo que equivale a decir que trabajo, tierra y moneda no son mercancías que se intercambian sobre la base de los precios.

Por tanto, ¿para Polanyi la economía de mercado -la economía con mercados que se autorregulan- es una construcción artificial?

La utilización de la dicotomía natural/artificial, en referencia a un proceso económico organizado por mercados competitivos, es un nudo sin resolver de la ciencia social contemporánea. Las normativas que impedían la formación de mercados de trabajo, de la tierra y de la moneda fueron eliminadas durante la Revolución industrial mediante decisiones políticas. Así pues, los mercados son artificiales en tanto que han sido construidos. Sólo que para los economistas ingleses del siglo XIX lo que era “natural” era el éxito de tales transformaciones. Una economía de mercado parecía ser el reflejo de la naturaleza humana.

Polanyi propone una perspectiva diferente: la economía de mercado nace de una determinada idea de sociedad, de políticas públicas influenciadas por una ideología, por ejemplo el “laissez faire”. El aspecto interesante de Polanyi es la perspectiva empírica de la que arranca: él observa (y así interpreta la historia económica y social, también política) que una economía dominada por mercados que se autorregulan tiene costes sociales insostenibles. En cierto sentido, se puede decir que Polanyi no tiene una oposición de principio contra el mercado. Su análisis se dirige a explicar el surgimiento de los costes sociales que en el siglo XIX conducen a la “cuestión social” (4) . El capitalismo del “laissez faire” es artificial como puede serlo un experimento. Un experimento que ya en 1870 muestra las señales del fracaso; aunque, según Polanyi, ocurrirá el auge del fascismo y la Segunda guerra mundial para convencer a las sociedades europeas que dicho experimento había fallado realmente. Esta perspectiva empírica (precisamente basada en los costes sociales) es muy interesante. Y actual. Por ejemplo, la encontramos en K.W. Kapp en su obra “Los costes sociales de la empresa” (1950) y constituye un importante filón para el ambientalismo moderno (5) .

¿Por qué se ha ido en esa dirección? ¿Qué empujó hacia los mercados competitivos en el trabajo, la tierra y la moneda?

La Revolución industrial, el descubrimiento de la máquina. Según la interpretación de Polanyi, son el nacimiento de la fábrica y el éxito que la máquina ha mostrado en la capacidad de utilizar la energía con el fin de incrementar la producción quienes hicieron creíble entre las clases medias inglesas el experimento de la economía de mercado.

El mercado de trabajo fue creado, según nuestro autor, porque era considerado funcional para una posterior expansión de la producción de fábrica, particularmente funcional para el incremento de la producción en escala y las fluctuaciones de los intercambios determinados por la tumultuosa dinámica comercial. La acumulación de capital o bien el crecimiento del papel de la máquina, a través de la fábrica, no debía encontrar obstáculos, vistos los beneficios que comportaba. Y la expansión del sistema de la fábrica tenía necesidad de un mercado de trabajo. Es una cuestión de “flexibilidad”, como se dice hoy…

Pero Polanyi recalca la “resistencia” de la sociedad cuando nace el mercado de trabajo. ¿La experiencia de la “Speenhamland Law” parece ser muy importante en su reflexión?

La “Speenhamland Law” introduce en Inglaterra en 1795 un subsidio de integración del salario. Según Polanyi esta fue la última forma de resistencia de la sociedad a la formación de un mercado de trabajo. Fue abolida en 1834 frente a la insostenibilidad de un mecanismo redistributivo que no incentivaba ni la calidad del trabajo ni la innovación tecnológica y que, con efectos redistributivos, había llegado a ser políticamente insostenible. El “subsidio de integración del salario” es interpretado por Polanyi como el rechazo de una sociedad dominada por el mercado: un rechazo que viene de la élite dominante. En efecto, en los primeros decenios del XIX lo que cambia es la concepción de la sociedad por parte de las clases dominantes. Bajo el trasfondo de este cambio, la “Speenhamland law” pierde su significado. También en el último decenio fue un periodo de discusión sobre la forma que debían asumir nuestras sociedades y nuestras economías. La extensión de los mercados, sobre lo que tanto se discute hoy, tiene una base ideológica, no técnica. Y su defensa es legítima, como la defensa de una ideología. No más.

¿Cómo se coloca el pensamiento de Polanyi respecto a la concepción marxista del cambio social…?

En primer lugar, Polanyi -a diferencia de Marx- no tenía una concepción lineal (en definitiva, por estadios) de la evolución del sistema social. Expansión y dominio de los mercados, formación de la clase obrera y socialismo: ésta no era la secuencia que Polanyi veía. La “gran transformación” de la que habla nuestro autor no surge del ineluctable pasaje de un estadio a otro. Polanyi interpreta el cambio institucional como regulado por un conjunto de mecanismos locales y puntuales de estabilización.

Los sistemas sociales superan el desequilibrio sobre la base de mecanismos de retroacciones parciales y de su forma de actuar emerge un orden institucional general. Las sociedades reaccionan a los costes sociales del mercado con cambios institucionales difusos, cuyo éxito global no está predeterminado. Para usar un término moderno, se podría hablar de “complejidad” en referencia al concepto de “doble movimiento” de Polanyi. Estos mecanismos “parciales” y “locales” de regulación no pertenecen al marxismo ortodoxo, ni tampoco al pensamiento socialdemócrata clásico.

El “doble movimiento” de Polanyi -la expansión de los mercados y la reacción social que se manifiesta mediante un incremento de la regulación de la expansión de los mercados- no se expresa mediante formas de colectivización. Esta evolución institucional que frena la expansión de los mercados y limita su dominio no tiene nada que ver con la alternativa entre propiedad privada y propiedad colectiva de los medios de producción. En este sentido, entre el pensamiento de Polanyi y el marxismo ortodoxo hay una diferencia radical. Otra diferencia es lo que determina el valor de las mercancías. Polanyi defiende que la teoría del valor-trabajo no tiene ningún sentido y la rechaza. Para Polanyi no es el trabajo la medida del valor de un objeto producido, no es la cantidad de trabajo incorporado directa e indirectamente. Más bien, el valor de un artefacto depende del significado que tiene en el interior de un sistema cultural, simbólico. La atención que Polanyi ha dedicado a la formación de las equivalencias (y su demostración de que las equivalencias no son precios) es emblemática. La explotación se expresa en términos de una inicua distribución de las mercancías: son explotados si son demasiado pobres (con relación a los estándares de la colectividad de referencia) (6) . Polanyi pone en el centro la cuestión de la justicia distributiva, al igual que una gran parte de la reflexión contemporánea: de Rawls a Walzer y de Dahrendorf a Amartya Sen.

Pero… ¿Qué está en el origen del freno que las sociedades ponen a la invasión del mercado mediante cambios institucionales locales y difusos?

Polanyi busca en “La gran transformación” la solución de una aparente paradoja. En los últimos decenios del siglo XIX la reacción contra la expansión del mercado con la introducción de normas que vinculan los resultados de la contratación bilateral conduce a sociedades gobernadas por regímenes políticos muy diferentes (7) . Por otra parte, sucederá lo mismo para la consolidación del Estado de bienestar tras la Segunda guerra mundial: entre el “welfare state” de los laboristas ingleses y el “Sozialstaat” de los liberales alemanes habían muchas cosas en común. Polanyi parece dar una respuesta a esta generalización de la reacción basándola en valores éticos universales, particularmente en la universalidad del concepto “mínimos existenciales” que es un tema que de nuevo encontramos en Kapp. Después de todo, en la misma tradición liberal clásica, la competición y el cambio son valores “in se”, como parecen pensar muchos liberales de última hora, muy extendidos por aquí.

El sufrimiento determinado por la pobreza y la indigencia viene reconocido por sistemas de decisión colectiva, independientemente de la orientación político-general. Solamente cuando el resultado de los experimentos de ingeniería social (8) se convierte en una “fé”, (el “laissez faire” era una fé en la Inglaterra de mediados del siglo XIX) estos valores universales, entonces, dejan de orientar las decisiones colectivas y los costes sociales, ya de por sí elevados, son vistos como necesarios para alcanzar un mayor bienestar social futuro. De nuevo se trata de una valoración social sobre costes y beneficios de un sistema institucional concreto.

La sociedad civil, en sus múltiples manifestaciones, reacciona contra los costes sociales que produce el mercado. En “La gran transformación” hay páginas muy bellas que describen esta reacción. En el siglo XIX la “cuestión social” (la pobreza) (9) tenía una relevancia central. La miseria no afectaba a toda la sociedad, pero sí a algunos sectores concretos de la población: aquellos cuya subsistencia se basaba íntegramente en las relaciones de intercambio (de su propio trabajo) sin ninguna otra posibilidad de abrirse a relaciones verticales. En efecto, el vínculo entre desempleo y pobreza existe solamente si las relaciones horizontales (intercambio de materia entre individuos) están dominadas completamente por el mercado. Si dominan la reciprocidad y la redistribución no hay tal nexo.


Polanyi está muy atento a la experiencia comunitaria de Owen…

Claro, por lo menos a juzgar por lo que se dice en “La gran transformación”. Creo que Polanyi tenía in mente (como, por otra parte, todos nosotros) su personal utopía. Incluso por su tendencia pragmática, Polanyi no dedicó mucho tiempo a desarrollar los detalles de esta utopía. Pero creo que se basaba en la imagen de una sociedad articulada bajo sistemas locales de reducida dimensión y ampliamente autosuficientes basados en relaciones verticales, y que mediante un cierto grado de apertura horizontal era gobernada por decisiones colectivas del mismo sistema local. Desde este punto de vista, el proyecto de Owen (pero no sólo el de Owen) aparecía ante Polanyi como un paso en la dirección justa: como un intento de reactualizar los mecanismos de reciprocidad y redistribución. Se puede añadir que, al igual que Owen, Polanyi no estaba contra la innovación tecnológica, aunque afirmaba que la innovación tecnológica debía tener un control social. Una posición que está continuamente inscrita en el ambientalismo y en la legislación de defensa del medioambiente. La utopía de Polanyi parece resurgir, al menos en parte, también del “comunitarismo americano”.

La actual situación parece caracterizarse, al igual que en los inicios del siglo XIX, por un retorno a la fé del “laissez faire” (liberalismo radical) y por la ilusión de la eficiencia social de los mercados autorregulados. Desde este punto de vista, ¿qué hay de actual en el pensamiento de Karl Polanyi?

El interés por la obra de un autor depende de tantos factores que es imposible decir hasta qué punto Polanyi puede volver al centro de la atención. Claro, su actualidad es extraordinaria. Pero en un debate tan sincopado y superficial sobre las relaciones Estado-mercado como, por ejemplo, el que tenemos por aquí, no veo que su uso pueda utilizar las categorías que emplea Polanyi. Demasiada complejidad, demasiado “pragmatismo coherente” por parte de los analistas y comentaristas de estos lugares. Por otra parte, ya que liberalismo radical (“laissez faire”) y globalización son unas fés tan compartidas entre los analistas que han ocupado la esfera de la comunicación, no veo que pueda haber interés en reemprender el tema de Polanyi.

No obstante, lejos de los reflectores del debate político cotidiano ya es otro asunto. Creo que Polanyi en las universidades es leído y estudiado, y posiblemente lo será mucho más en los próximos años. También porque es verdaderamente interesante. Por otra parte, incluso nuestro autor nos ha enseñado que la evolución social tiene orígenes difusos y locales. Las políticas públicas no son solamente el reflejo del debate político cotidiano…

¿Quiere decirse que la lógica de mercado no es también relevante a la hora de determinar las políticas públicas…?

Si se mira a los hechos, creo que es difícil afirmar que hayamos entrado nuevamente en una fase de capitalismo radical, de “laissez faire”. A pesar de los desesperados intentos de muchos analistas de hacer creer que éste sería el camino justo, se han dado pasos tímidos (y, en parte, a escondidas) en esta dirección. Por otra parte, es difícil decir hasta qué punto las sociedades europeas están dispuestas a ir adelante por ese camino. Hay que poner atención a ello, partiendo de nuestra experiencia italiana. En Italia, el Estado de bienestar no ha tenido nunca legitimidad política. Primero la inflación y sucesivamente la generalizada evasión fiscal han permitido la construcción de un Estado de bienestar sin que haya habido deseo de una discusión sobre las implicaciones redistributivas. Y hoy parece políticamente más simple y técnicamente más interesante “liberalizar” antes que volver a dar legitimidad política a los mecanismos de redistribución y dignidad social, a los instrumentos de reciprocidad. Pero en gran parte de los países europeos las cosas van de diferente manera, y no parece estar a la vista el “laissez faire”. Aunque, ciertamente, como nos ha enseñado Hirschman, los tiempos y la dirección del cambio son imprevisibles.

Por tanto, ¿una relectura de Polanyi?

Creo que los historiadores nunca han dejado de leerle. La exhortación está quizá más justificada para los economistas. Por otra parte, el gran interés por los cambios institucionales y por la relación entre instituciones y proceso económico vuelven a llamarnos la atención sobre la obra de Polanyi. Pero incluso sobre toda la tradición del pensamiento económico al que pertenece nuestro autor. Releer Polanyi, como anclaje para un itinerario del siglo XX poco frecuentado y todavía tan influyente a la hora de determinar nuestras instituciones económicas.


Antonio Calafati.
Università degli Studi di Ancona, Dipartimento di Economia.

Sergio Sinigaglia.
Escritor.

Este artículo se publicó por primera vez en 1998, en el número 73 de la revista “Una Città”. Ahora, ha sido traducido del italiano al castellano por José Luis López Bulla, autor, también, de las notas a pie de página.

(1) “La gran transformación” (Karl Polanyi) Fondo de Cultura Económica, 2003, con prólogo de Joseph Stiglitz e introducción de Fred Block.

(2) “Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad” (Robert Walzer) Fondo de Cultura Económica, 1997.

(3) La “famiglia appoderata” es la que gestionaba con diversos títulos -propiedad, arrendamiento, masonería, aparcería…- una finca rústica (podere) y se caracterizaba por un modelo familiar con múltiples agregaciones con tendencia al patriarcado; el trabajo se fijaba sobre la base de una concreta jerarquía de roles entre varones y mujeres. Esta familia estaba en condiciones de producir en su interior todo cuanto le era necesario para el sostén de sus miembros y no dependía en absoluto de los recursos externos, ya se tratase del mercado o por parte del Estado.

(4) Una buena compañía para abundar en la materia, desde otro ángulo, es “La metamorfosis de la cuestión social”, Robert Castel, Paidós.

(5) K. W. Kapp (1910 – 1976) es uno de los pioneros de la teoría de los costes sociales y del ecoambientalismo.

(6) La diferencia con el planteamiento marxiano de las plusvalías (absoluta y relativa) es evidente.

(7) Polanyi sostiene que el Estado nación se consolidó como reacción a la expansión del mercado: la política de aranceles fue una de las medidas más representativas.

(8) Para quienes piensen que este término, “ingeniería social”, es de reciente cuño, les recordaremos que ya se encuentra presente en los escritos del famoso matrimonio fabiano, los Webb, a finales del siglo XIX.

(9) Para conocer a fondo el pauperismo, véase el libro anteriormente recomendado de Robert Castel, “La metamorfosis de la cuestión social”.

15 January 2008

MIQUEL FALGUERA: Carta abierta a los sindicatos


UNA CARTA DE AMOR Y DESAMOR


Miquel Falguera i Baró, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.


Sostiene José Luís López Bulla que la más famosa pareja de hecho del siglo XX ha sido la formada entre el iuslaboralismo y el sindicalismo. No le falta razón: ese amancebamiento ha dado lugar –al menos en nuestra vieja Europa- a una prole incontable de derechos de ciudadanía. Derechos que han sido metabolizados socialmente con una rapidez inaudita. Pero, también, derechos que son puestos ahora en entredicho por determinadas instancias neo-liberales y neo-conservadoras, cada vez con un tono más elevado de exigencia, cada vez con más reiteración.


Si bien se mira la argamasa sobre la que se construyó nuestra unión de hecho se basaba en un evidente valor compartido: la igualdad. Y su consecuencia en la acción colectiva: la solidaridad. Fueron las ansias de igualdad de muchas generaciones de trabajadores (a la fuerza, ahorcan o, como dice, Neruda: “del sufrimiento nació el orden”) las que dieron lugar a lo que se conoce como Estado social y democrático de Derecho basado en la ciudadanía social. Y fue ese clamor lo que determinó que muchos juristas dedicasen sus saberes profesionales a la articulación de las instituciones, las tutelas y los mecanismos jurídicos sobre los que se construyeron los instrumentos de igualdad formal. De esta manera, los sindicalistas precisaban de los juristas para defender y estructurar los derechos progresivamente conquistados. Y los juristas necesitábamos –lo seguimos haciendo- de los resultados prácticos del quehacer sindicalista (especialmente, de la negociación colectiva en un sentido amplio) para ir avanzando en nuestra doctrina. El “quid pro quo” sobre la que se cimentó nuestra larga historia de amor se basaba, por tanto, en un afán común de igualdad.


Ocurre, sin embargo, que hoy la igualdad no está de moda (al menos en los media hegemónicos). Es más, aquellas voces atronadoras del supuestamente nuevo modelo ideológico de la derecha niegan que la igualdad sea un valor social. Incluso –afirman- es contraria con la propia condición humana (como si la historia de la especie no fuera una constante lucha por la civilidad: es eso, en definitiva, lo que nos diferencia del resto de animales) Por tanto, les sobra el sindicalismo, como les sobra el iuslaboralismo. Ambos son obstáculos en el avance del darwinismo social, en tanto que no benefician a los poderosos, sino a los menos favorecidos.


Y en ese discurso aparece un tercero que está situando ante una evidente crisis la larga historia de amor entre Derecho del Trabajo y sindicalismo. Me refiero a doña Economía. Es verdad que esa zascandil lleva tiempo insinuándose con ambos miembros de la pareja. Pero ahora, en la medida en que la igualdad –sobre la que se cimentó nuestra vida marital- pasa por momentos bajos, nos susurra a ambos miembros de la unión de hecho sus cada vez más osadas proposiciones (“esa chica –o ese chico- no te conviene, está gagá... en cambio yo estoy estupenda....” nos dice a los dos)


Por mi parte, debo reconocer que algunos iuslaboralistas han caídos en sus redes seductoras. Hace ya tiempo que proliferan por ahí especialistas en mi disciplina que proponen irnos a vivir con dicha dama, olvidando veleidades igualitarias. De esta manera, el Derecho del Trabajo dejaría de ser un instrumento de regulación del conflicto social en clave igualitaria, para pasar a ser una especie de apéndice en el Derecho privado de la normativización de la productividad y la gestión empresarial de recursos humanos. Pero no hace falta irse a posiciones tan extremas: cada vez más la aplicación del derecho social está sometida al imperio de los caprichos de doña Economía. Y es ésa una tendencia que no sólo es apreciable en el legislador (que impone en las leyes nociones tan antijurídicas e inconcretas como “la productividad”, la “competencia”, “el mercado” o las “exigencias de la demanda”: ¿hay alguien capaz de entender eso desde una perspectiva jurídica?); también los propios jueces y tribunales de lo social –tradicionalmente tan celosos de las tutelas de los trabajadores- caemos a menudo en reflexiones economicistas.


Sin embargo, estas tendencias no me preocupan excesivamente –lo que no quiere decir, evidentemente, que no me preocupen-. De momento, el Derecho del Trabajo mantiene incólume su ontología igualitaria. Y ello por un motivo egoísta (e incluso corporativo, si se quiere): si renunciamos a la igualdad como elemento vertebrador habremos fracasado como disciplina autónoma. Cien años de emancipación se irán al carajo y deberemos volver, cabizbajos, a nuestra maternal casa civilista. Aunque algunos apuestan por ello, no deja de ser ésa una decisión muy dura.


Lo que me preocupa de verdad es el ataque de urticaria que me produce ver la progresiva seducción que doña Economía ejerce sobre mi pareja histórica, el sindicalismo. También ahí prolifera cada vez más las refriegas de sábanas con dicha meretriz. Y no sé si es una impresión mía –ciertamente, los celos ofuscan el sentido común- pero tengo la intuición que el lenguaje sindicalista cada vez habla más en clave económica –peor: macroeconómica- y cada vez menos en clave de derechos de ciudadanía y derecho a la igualdad. ¿Subjetivismo?. Quizás, pero les propongo una reflexión: léanse ustedes los balances anuales sobre la negociación colectiva de los sindicatos: muchos datos de incremento de salario y jornada, sobre IPC y competitividad y escasa reflexión sobre el desarrollo de los derechos sociales y su regulación, más allá de genéricas declaraciones. Ítem más: a veces uno oye hablar en los medios de comunicación a ciertos sindicalistas –y no generalizo- y tiene la impresión de estar escuchando al Ministro de Economía.


Sin duda que los amigos de los sindicatos me pueden reprochar que me estoy metiendo en camisas de once varas y que, en definitiva, es a ellos a quien les corresponde hilvanar el discurso de sus organizaciones y definir sus prioridades. Cierto: pero ocurre que los iuslaboralistas somos una especie de parásitos del sindicalismo: vivimos del conflicto social y sus manifestaciones. En otras palabras: nosotros no somos agentes en el conflicto social, ni creamos su contractualización, en lo que podríamos definir como Derecho del Trabajo real –más allá del que contienen las leyes-. Nos limitamos a aplicar nuestros saberes sobre ese conflicto y esa contractualización. Quien crea el alimento del que se nutre nuestra disciplina con su día a día negocial son los sindicalistas (y, por supuestos, los empresarios). Nuestra pareja de hecho –como cualquier pareja- tenía roles principales y subordinados. Y a nosotros, los iuslaboralistas, nos ha tocado jugar el de estos segundos (aunque estoy seguros que algunos egregios y engreídos compañeros de armas no compartirán este análisis: lo siento por ellos porque la soberbia no les deja ver el bosque)


Pero no quiero dar ultimátums. No se trata de ofuscarse y plantearle al sindicalismo que elija (“o ella –doña Economía-, o yo”), sino de reflexionar sobre aquellas cosas –muchas- que aún tenemos en común. Y, a partir de ahí, ver cómo superamos nuestra crisis de pareja. Y, en ese marco, resulta evidente que aquello que aún tenemos en común en nuestro ideal de igualdad.


Ciertamente el fantasma de doña Economía estará siempre rondado por ahí –es nuestro destino- pero tengo la impresión (lo he escrito en otras ocasiones) que el futuro del Derecho del Trabajo (la superación de su sempiterna crisis) pasa por el regreso a los orígenes y, en consecuencia, la recuperación del derecho a la igualdad como objetivo de nuestra disciplina. Estoy convencido que lo mismo le pasa al sindicalismo –nuestras vidas, al fin, son paralelas-. Y, si mucho se me apura, ésa es también la vía por la que debe apostar la izquierda europea para superar su falta de identidad –e, incluso, lo que es peor, su falta de alternatividad-.


Cual marido ultrajado (o una esposa ultrajada, que en esto de los cuernos todos somos iguales, aunque la respuesta sea distinta según el género) creo que lo mejor que puedo hacer es plantear a mi pareja sinceramente dónde residen a mi parecer la crisis de aquello que en su día nos unió, es decir, la igualdad.


Es verdad que el concepto de igualdad del que surgió nuestro amor no era perfecto. Y que más que de igualdad sustantiva siempre hemos hablado de igualdad formal. Pero, ¡qué demonios!, en mayor o menor medida, con más o menos intensidad nuestra relación se ha basado siempre en ese desiderátum (al menos en aquellos inolvidables primeros años de pasión, amor y rosas).


Si hecho la vista atrás creo que el principio de nuestro desamor empezó con la crisis de empleo de finales de la década de los setenta y principios de la de los ochenta. Ahí dudamos -¡qué otra cosa podíamos hacer!- y doña Economía lo notó, desplegando todas sus tretas y artimañas de seducción hacia ambos. Quizás –para qué ocultarlo- esa crisis de empleo nos hizo ver cómo nos habíamos distanciado de nuestros ideal común, la igualdad, sobre la que ser articuló nuestra vida en pareja. Y ello, tal vez, porque la previa constitucionalización de nuestros hijos (el derecho de huelga, el de libertad sindical, el de conflicto colectivo, el de negociación colectiva, el propio Derecho del Trabajo: el “sueño de Weimar”, como dice el maestro Romagnoli) hizo que, poco a poco el orgullo paterno por el rápido crecimiento de los vástagos hiciera que olvidáramos los ideales que forjaron nuestra unión. En otras palabras: nos habíamos acomodado. Olvidamos que aún quedaba mucho –mucho- camino por recorrer en nuestro afán igualitario, en el objetivo que nos marcamos al inicio de nuestra unión de hecho.


Desde entonces el empleo se ha convertido en una especie de eje central del Derecho del Trabajo y del sindicalismo. ¡Todo vale para crear empleo!. Incluso podíamos justificar el trato desigualitario entre determinados colectivos –en definitiva, la traición a nuestros principios originarios- en función de la propia igualdad, en tanto que, nos decíamos –y, como veremos a continuación, nos seguimos diciendo- no hay nada más segregador que el desempleo. Se trataba, por tanto, de rebajar nuestras ansias igualitarias, a fin de que la realidad negocial no las traicionase.


Es verdad que el desempleo es inherente al capitalismo: no en vano nuestro abuelo común –sobre todo, del sindicalismo-, Carlos Marx, se refería a los desempleados como el ejército industrial de reserva. El capitalismo precisa, decía nuestro ancestro, que existan parados, pues ese colectivo lastra a la baja la capacidad de los trabajadores con empleo en la fijación del precio de venta de su fuerza de trabajo: “O pasas por el aro o te vas a la calle... hay ahí fuera un montón de currantes esperando cubrir tu puesto de trabajo”, como seguramente decían el industrial Bonaplata o el viudo Rius (al fin y al cabo a Mariona Rebull la había matado una bomba anarquista) Y siguen pensando muchos patronos de los que no consta viudez por mor de artefactos explosivos radicales (aunque, ciertamente, ni el Liceu ya no es el Liceu, ni el anarquismo es anarquismo).


La crisis del empleo rompió el colectivo asalariado y sus mecanismos de solidaridad. La acuciante situación de muchos desempleados significó la adopción de medidas de excepción que, en gran medida, venían a romper la hasta entonces evolución exitosa de nuestra convivencia “more uxorio”. Y a algún ministro socialista (encandilado por un ignoto simposio del entonces incipiente neoliberalismo y que acabaría siendo marido de una señorona de la prensa rosa) se le ocurrió que la mejor política de empleo era la distribución del mismo a través de la temporalidad. Por supuesto me estoy refiriendo a la reforma laboral de 1984. Reforma que contó –a cambio de alguna migaja- con el beneplácito de parte del sindicalismo confederal. Y reforma en la que doña Economía hizo su espectacular entrada en acción en nuestra convivencia (“¡Aquí estoy!... ¿no soy fantástica?”).


La temporalidad sin causa rompió la columna vertebral de la igualdad y, con el paso del tiempo, la solidaridad entre los trabajadores. Más allá de los terribles y devastadores efectos que la cultura de la temporalidad comportó en nuestro mercado de trabajo –y que, aún en parte, sigue teniendo-, con nulos efectos positivos en el empleo, ese nuevo marco significó una evidente ruptura de la solidaridad intergeneracional. Los trabajadores jóvenes han sido castigados durante varias generaciones a acceder al mercado de trabajo en situación precaria. Se produjo ahí una primera disgregación del colectivo asalariado.


No quiero ocultar, sin embargo, que en esos momento iniciales el sindicalismo se mantuvo fiel a nuestros principios igualitarios. Cuatro años después de aquel cambio normativo (de aquel dislate) España conoció la huelga general más importante de su historia reciente (convocada esta vez por todos los sindicatos de clase). Y el motivo de fondo fue la oposición a una nueva vuelta de tuerca en la temporalidad, que castigaba a los jóvenes. Y tampoco quiero omitir –he prometido ser sincero- que los iuslaboralistas no supimos estar a la altura. En gran parte la cultura de la temporalidad fue posible porque la interpretación judicial del nuevo marco normativo fue muy laxa y tolerante ante los abusos empresariales. He de reconocer, pues, que en buena medida fuimos los primeros seducidos por doña Economía. Ahora bien, pronto el sindicalismo se instauró en muchos casos en el día a día de la temporalidad. Y una buena muestra de ello la encontraremos en la tendencia –no generalizada- de establecer sistemas contractuales duales en perjuicio de los trabajadores temporales (lo que motivó alguna discordia importante en nuestra convivencia, con notorios rapapolvos judiciales a dicha práctica)


Sin embargo, una década después las tornas se invirtieron (lo siguen haciendo) Tras el fallido intento de reforma laboral de 1994 –otro magnífico dislate neoliberal impulsado por doña Economía, aunque en ese caso el ministro de turno lo vuelve a ser, encumbrado hoy como gestor ejemplar por la izquierda-, el cambio normativo de 1997 pactado por los agentes sociales hizo que el Derecho del Trabajo (y también la jurisprudencia) se cuadrada ante la temporalidad.


No obstante, el sindicalismo ha seguido con una tónica negocial en los convenios que poco tiene que ver con dicho cambio de tercio. Así, las atribuciones que la Ley otorga a la norma convencional para que establezca mecanismos de limitación y/o control al uso de la temporalidad ha sido muy poco desarrollada. O, por poner otros ejemplos, debo constatar que sólo 10 convenios colectivos de Cataluña (menos de un 1 por ciento) regulan medidas específicas de prevención de riesgos de los trabajadores temporales –aún siendo notorio que es éste colectivo el que mayor riesgo tiene de padecer un accidente-. Y, por el contrario, más del sesenta por ciento de los convenios sectoriales de Cataluña regulan –sin justificación de ningún tipo- un período de duración del contrato eventual por encima del máximo legal –aunque opera, como es sabido, una margen de disponibilidad colectiva-. No sé si peco de parcial, pero tengo la impresión que el sindicalismo se ha dado por satisfecho con los acuerdos estatales que implementaron el cambio legislativo de hace una década reinstaurando el principio de estabilidad en el empleo, obviando que aún le quedaba mucho trabajo por hacer a fin de derrotar definitivamente la cultura de la temporalidad en el propio desarrollo de lo que es su función principal: la negociación colectiva. La lucha contra la temporalidad parece haber pasado a la historia, aunque cada día llegan a los tribunales demandas por despido en fraude de ley contractual. Quizás la razón de esa contradicción resida en que la temporalidad ya no es tanto un instrumento de precarización de las condiciones laborales –aunque, qué duda cabe, lo sigue siendo en determinados ámbitos-, como un mecanismo de adaptación de mano de obra ante las nuevas formas productivas. Lo que, si bien se mira, no es más que una nueva vuelta de tuerca en la ruptura de la solidaridad intergeneracional (en tanto que el currante provecto ve el nuevo modelo productivo y las nuevas tecnologías como algo ajeno.... algo propio de los jóvenes) Y en ese nuevo marco el sindicalismo ha aceptado como irremediable la temporalidad como sistema de gestión del cambio productivo, obviando que con ello se estaba creando una nueva segregación en el colectivo asalariado.


Pero la ruptura intergeneracional no se quedó allí. Cuando la temporalidad amainaba empezó a aparecer en la práctica de la negociación colectiva lo que se conoce como las “dobles escalas salariales”. De esta manera, los trabajadores de nuevo ingreso –en su inmensa mayoría, los más jóvenes- pasaban a percibir un salario inferior al de los provectos –o a tener peores condiciones contractuales-. Es éste un fenómeno muy vinculado, de nuevo, al empleo que se ha ido extendiendo como mancha de aceita a nuestra realidad negocial. Primero surgió con la necesidad de reducir costos en determinadas empresas transnacionales y luego se ha ido implementando en múltiples ámbitos (así, como mecanismo de extinción o disminución del complemento de antigüedad)


De esa manera, cuando los empresarios se cuadran y proponen reducir la masa salarial, la salida fácil es la subindiciación para los trabajadores que entran en el futuro, manteniendo incólumes las retribuciones de los que ya están en la empresa. Y surgen aquí los inevitables agravios comparativos con el tiempo. De nuevo la igualdad se va al garete y de nuevo se crea una nueva segmentación dentro del colectivo asalariado.


No creo pecar de egocentrismo si constato que en esta materia el Derecho del Trabajo ha sido diligente. Quizás, si se quiere, excesivamente diligente. Hace ya dos decenios que determinadas prácticas negociales han sido anuladas por jueces y tribunales, precisamente por ser contrarias al derecho a la igualdad. Cierto: le hemos exigido a la negociación colectiva –y no siempre con criterios claros- un optimización de la igualdad que no le demandamos ni a la autonomía individual del empresario ni, mucho menos, a la propia heteronomía. O que tampoco lo pedimos al convenio en otros supuestos de segregación laboral. Quizás aquí es donde el iuslaboralismo más énfasis ha hecho en recobrar el hilo conductor de nuestra ya vieja pasión. Sin embargo, uno de cada tres convenios colectivos de Cataluña contempla, en forma más o menos amplia, con diferentes técnicas, sistemas contractuales duales en función de la fecha de ingreso. Es ésa una segmentación demasiado evidente como para cerrar los ojos.


Hay otra ruptura intergeneracional inversa. Se trata de esos planes de prejubilación –muchas veces en empresas con ganancias millonarias- o de las famosas cláusulas convencionales de jubilación forzosa. Todo ello se justifica siempre por motivos de empleo. De un empleo ciertamente difuso. Quiero recordarte, querido sindicalismo, que cuando los jueces y los tribunales sociales hemos considerado que un cambio normativo concreto –la Ley 12/2001- comportaba que nadie podía ser obligado a jubilarse forzosamente por convenio, el legislador vino prontamente a cambiar la ley. E, incluso, intervino en el mismo sentido el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. De esta manera, basta una simple alusión al empleo –aunque no tenga contenido concreto- para que un trabajador de 65 años se vea expulsado del mercado de trabajo.


A veces tengo la impresión que con la justificación del empleo los trabajadores mayores se dedican a “putear” a los jóvenes (con contratos temporales y dobles escalas) y que cuando éstos son mayoría, obligan a aquellos a jubilarse o prejubilarse. Ya sé que es una simplificación –además, una afirmación inexacta-, pero con ello intento poner en evidencia la ruptura de la solidaridad y del principio de igualdad en la negociación colectiva. El empleo lo justifica todo.


Y luego están los pobres extranjeros. Nuestra economía ha precisado de ingente cantidad de mano de obra foránea. Y ésta se ha convertido en el nuevo ejército industria de reserva de nuestro modelo.


Vamos a ser claros: el crecimiento de los últimos años a ellos se lo debemos. Y, siendo aún más claros: las erráticas y cambiantes políticas de empleo de los inmigrantes no eran tales, sino simples mecanismos de proporcionar mano de obra barata –y dispuesta a todo, en el paradigma de los honorables Bonaplata y Rius- para rebajar costos salariales. Probablemente son los extranjeros el colectivo que hoy está más carente del afecto de la igualdad. No quiero ocultar que el sindicalismo confederal ha jugado un papel de primer orden en la tutela de esos trabajadores con pasaportes no españoles. Sin embargo, si doy una ojeada a la negociación colectiva debo constatar la pobreza de la regulación de sus singularidades.


Pese a que los extranjeros son hoy casi mayoritarios en determinadas actividades los convenios que regulan las condiciones contractuales de éstas los desconocen. Por poner un ejemplo: en la construcción hallaremos indicaciones convencionales en relación a que la información preventiva ha de ser proporcionada en el idioma del asalariado. Pero ¿alguien ha pensado en serio en el riesgo laboral que presenta un trabajador de creencias o cultura islámica trabajando ocho horas o más de sol a sol en ayunas durante el Ramadán en dicho sector?.


Y, ciertamente tampoco nosotros, los iuslaboralistas, salimos indemnes de esa –efectiva- segregación. Sin duda que algún paso significativo se ha dado, especialmente respecto a los llamados “sin papeles”. Así, reconociendo juripsrudencialmente que el hecho de que no tener residencia legal no comportaba que no existiera despido (un pequeño paso que ha costado años y años de reflexiones judiciales) Sin embargo, seguimos aplicando lógicas pensadas para el trabajador con tutelas para la mayor parte de extranjeros, aún sabiendo que en la práctica no gozan de las mismas. Les pedimos, por ejemplarificar, que justifiquen la existencia del despido o de la propia relación laboral o que prueben la realización de horas extraordinarias. Y eso es mucho pedir a alguien que no sólo desconoce en muchos casos el idioma, sino que también ignora sus propios derechos –entre otros motivos porque han sido contratados, legal o ilegalmente, por ese desconocimiento-. En la práctica del foro judicial se plasma muchas veces esa perversa tendencia a la segregación. Así, el despido del pobre magrebí contratado por una empresa fantasma duda pocos minutos (en muchos casos porque ese empleador ha desaparecido como sociedad mercantil, negándose a menudo la aplicación de la confesión ficticia que observa la Ley como potestad del juez). El siguiente juicio es el de un alto cargo español –que goza de todas las tutelas y fuerza contractual-: duda horas, con todo tipo de pruebas y extensas alegaciones de las partes. De esta manera quien es más igual con el empresario en el marco contractual tiene en la práctica mayores garantías procesales que quien es más desigual. Hemos pervertido el sistema. Hemos traicionado nuestro afán igualitario.


La temporalidad, las dobles escalas, las prejubilaciones y las jubilaciones forzosas y la política de extranjería comportan, por tanto, evidentes segmentaciones del mercado de trabajo. Segmentaciones que, por su regulación última, rompen la solidaridad del colectivo asalariado y, en consecuencia, son contrarias a nuestro afán igualitario. Y todo ello se ha justificado por la política de empleo. Sin embargo, me vas a permitir querida pareja, que exponga en voz alta algo que todos sabemos –aunque no digamos en público-: hoy (y pongo un especial énfasis en el “hoy”) el principal problema de nuestro mercado de trabajo no es el empleo. Ya sé que el legislador español o comunitario (el maldito proceso de Lisboa) habla siempre del empleo como justificación del trato desigual entre diferentes colectivos. Y ya sé los iuslaboralistas no nos apartamos de ese paradigma. Tampoco la negociación colectiva, que sigue apelando reiteradamente a la situación de desempleo que supuestamente reina en el país a todos los efectos.


Pero, permíteme una reflexión: ¿recuerdas la crisis de empleo de los setenta-ochenta?. ¿Recuerdas aquellos padres de familia cuarentones, especialistas metalúrgicos despedidos de la empresa, haciendo de mensajero? Eso era una crisis de empleo.

No voy a caer en el dicho fácil de que “hoy quien no trabaja es porque no quiere”. Pero el hecho cierto es que hoy falta mano de obra (de ahí el acceso a nuestro mercado de trabajo de extranjeros) Pero las ofertas de empleo rozan en la mayoría de casos la simple explotación (no en vano los sucesores de Bonaplata y Rius se frotan las manos) Si cogemos hoy una mujer despedida, mayor de cuarenta años y sin formación –uno de los colectivos donde mayores dificultades reales de empleo hallaremos- podremos pensar que puede emplearse (muchas lo hacen) en el dichoso telemarketing, donde siempre falta mano de obra. Sin embargo, ¿en qué condiciones?: trabajando en horarios imposibles, en condiciones de paraesclavitud, con contrato temporal y por una retribución irrisoria. No es casualidad que en esas llamadas telefónicas siempre inoportunas de promociones diversas que prácticamente cada día recibimos en nuestros hogares el acento de nuestro interlocutor (o, mejor dicho, nuestra interlocutora) sea extranjero. Y ello por no hablar de que la recogida de la fresa en determinados lugares de este país (donde, a veces, hay planes territoriales excepcionales de empleo) se realice por personas extranjeras. Sin embargo, los desempleados españoles de esas mismas localidades pugnar entre sí para acudir a la campaña de la vendimia en Francia.


Ya sé que estas reflexiones parecen simplistas y que, dichas así, pueden ser consideradas como propias de un neoliberal (ya he dicho antes que los cuernos ofuscan a quien los padece, te pido excusas si parecen muy fuertes) Pero, con toda la generalización que se quiera, ¿no son ciertas?. Habrá, pues, que concluir que el problema de nuestro modelo no es de cantidad de empleo, sino de calidad del empleo. Lo que está ocurriendo no es que no hayan puestos de trabajo, sino que los que hay rozan la paraesclavitud y se escapan en la práctica real de las tutelas del Derecho del Trabajo. Sin embargo, como ya he dicho, el legislador, el iuslaboralismo y la negociación colectiva siguen insistiendo en la problemática del desempleo y no en la precariedad existente en la oferta de empleo. Ya sé que la calidad del empleo es una exigencia sindical desde hace años. Pero, a las reflexiones previas me remito, esa reivindicación poco tiene que ver con lo que se pacta.


Sin duda que el modelo de crecimiento económico por el que ha apostado este país en el último decenio y medio –con gobiernos de derecha y de izquierda- ha sido un magnífico coadyuvante para la aparición de esa contradicción. Pero el hecho cierto es que, faltos de modelo alternativo, tanto el iuslaboralismo como el sindicalismo (al menos por lo que hace a éste en su práctica negocial) se han asentado en la contradicción. Y, con ello, se ha quebrado el afán de igualdad de nuestra convivencia. Hemos centrado nuestra actividad de tutelas en aquellos colectivos que tradicionalmente han gozado de las mismas. Y hemos obviado o ninguneado a los más desiguales. Y, lo que es peor, lo hemos hecho en época de vacas gordas. No en vano, cuando en alguna plataforma sindical se han pedido incrementos superiores a los estándar de mantenimiento del poder adquisitivo o cuando algún pronunciamiento judicial o reflexión iuslaboralista ha ido más allá del status quo imperante, doña Economía se ha puesto a chillar cual doncella mancillada. Y sobre el heterodoxo ha caído todo el peso del poder político, judicial, económico y mediático.


Y ello nos ha conducido a un posible callejón sin salida si, como todos los indicadores apuntan, entramos ahora en época de recesión. Si cuando las cosas iban bien hemos olvidado la igualdad, ¿qué vamos a hacer cuando las cosas vayan mal?. Jugar al dumping social tiene sus riesgos.


Sin embargo, la segmentación del colectivo asalariado no surge sólo de la política de empleo en sentido estricto. Hay también, al menos, otros dos factores que coadyuvan a la ruptura de nuestro afán igualitario. Uno de ellos deriva del cambio experimentado por dicho colectivo, singularmente por la irrupción de la mujer en el contrato laboral. Y, otro, de la modificación del modelo empresarial propio de la flexibilidad, en relación con la anterior práctica fordista.


Así, es evidente que la “feminización” de la clase obrera (una expresión esta última a la que, aunque no esté de moda, le tengo mucho apego ideológico, antiguo que es uno) determina una novación trascendental en la conformación de lo que hasta ahora era el paradigma del interés colectivo. Sin duda que han sido las mujeres las que, con mayor énfasis, han situado la noción de igualdad (aunque, en puridad, deberíamos hablar de no discriminación) en las relaciones laborales. Ellas con su lucha (en el seno de los sindicatos) han logrado la articulación y plasmación legal de mecanismos igualitarios en el mundo laboral insospechados hace sólo tres lustros (y, de nuevo, los juristas hemos sido simples amanuenses). Pero, sin embargo, las estadísticas son tozudas y ponen de manifiesto la situación precaria de las trabajadoras en relación con sus homólogos masculinos. Quizás aquí no operen tanto mecanismos de “ejército industrial de reserva” –lo que no es descartable en determinados sectores y actividades, no en vano Bonaplata y Rius nunca descasan-, sino de segregación social de la mujer en todos los ámbitos sociales. Esto se plasma, aún con mayor claridad, si se tiene en cuenta la obviedad que son ellas la que se encargan de las tareas de reproducción en el seno de la familia. O, por utilizar un lenguaje políticamente correcto: son las mujeres las que ejercer hegemónicamente los derechos legales de conciliación de la vida laboral y familiar en relación con el contrato de trabajo por los roles sociales imperantes. Ergo: son una rémora para doña Economía (a quién, quizás a estas alturas, deberíamos calificar de “don” Economía): una mujer con hijos es más problemática en el trabajo que un hombre –aunque éste tenga hijos-


También aquí el Derecho –y, en concreto el iuslaboralismo- despliega una amplia panoplia de mecanismos tuitivos. Ocurre, sin embargo, que el Derecho –al menos, por él mismo- no cambia los roles sociales, ni la sociedad (si se me permite la adición: por fortuna) Hemos experimentado en los últimos años un auténtico terremoto en materia legal de la no discriminación por género. Pero, como he dicho, la realidad es sobriamente tozuda: pese a la igualdad legal, las trabajadoras tienen menos posibilidades de promoción laboral, cobran menos salario, ocupan puestos de trabajo menos cualificados –aunque su nivel de formación en las generaciones no tan viejas nada tiene que envidiar, más bien lo contrario, al de sus compañeros masculinos- y padecen un nivel de temporalidad más elevado.


Permíteme, querido sindicalismo, que constate que tampoco aquí has sabido estar a la altura. Si doy un repaso a lo que se está pactando en materia de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar en los convenios colectivos no puedo dejar de expresar mi decepción. Quizás me equivoque, pero tengo la certeza de que el convenio es un instrumento más útil que la simple heteronomía para cambiar los hábitos sociales. Entre otras cosas, porque por definición está mucho más cercano que las Cortes Generales o el Consejo de Ministros al conflicto social, ergo, a las inquietudes y problemáticas de las gentes laboriosas.


La mayor parte de redactados convencionales se limitan a reproducir los contenidos de la Ley –a veces, en textos más restrictivos-. Por poner algunos ejemplos, pocos son los convenios que regulan aspectos tan importantes para la vida familiar como la disponibilidad en el tiempo de trabajo (aunque no sea no retribuida) para llevar al hijo al médico (un 21 % en Cataluña) o para asistir a reuniones pedagógicas de los vástagos (un 1,5 por ciento en el mismo ámbito territorial... y luego dicen que el sistema educativo no funciona) O, por poner otros ejemplos en el terreno de la igualdad, las cláusulas de acción positiva son irrisorias en nuestro panorama.


Ya lo sé, doña Correlación de fuerzas (una amiga íntima de doña Economía) es la que es. Y es difícil imponer esas medidas en los convenios. Por eso llamamos al Estado para que intervenga. Pero dime, querida pareja: ¿porqué la reciente Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres no observa cuotas –como en los órganos societarios de las empresas- en los organismos de representación en las empresas o en las comisiones de negociación de los convenios?. ¿Por qué se le exige al legislador transversabilidad de género en las leyes y no a los convenios? Dicen las malas lenguas que porque los sindicatos no quisieron. Estoy seguro que son maledicencias de doña Economía.


Ahora bien, la excusa de trasladar al acuerdo de empresa (el plan de empresa) aquello que no eres capaz de negociar en los convenios colectivos (precisamente, lo que hace la Ley Orgánica de Igualdad), me parecen explicaciones de mal pagador.


El mismo día que escribo estas líneas se ha publicado el convenio provincial de Barcelona de la Construcción –por tanto, uno de los cinco convenios más importantes de Cataluña-. Y en materia de conciliación de la vida familiar y laboral el redactado es paupérrimo. Se han limitado a adaptar –mal, porque se ha obviado, por ejemplo, que la reducción de jornada por guarda legal ha disminuido legalmente a la octava parte de la jornada, en lugar de un tercio-, cinco aspectos que conciernen a la filiación y familia. Ya escucho tu respuesta: en la construcción hay pocas mujeres. Ocurre, sin embargo, que es precisamente ahí, en esos sectores masculinizados, donde hay que hacer una mayor énfasis en las políticas de igualdad. Porque, si no, seguirán siendo esencialmente masculinos.


Sólo ocho convenios de Cataluña publicados en el DOGC a días de hoy regulan desde que se publicó la Ley Orgánica de Igualdad los planes de igualdad. Y siete de ellos se limitan a constatar obviedades genéricas. Sólo uno, el de transporte de mercancías de la provincia de Barcelona para el período 2007 a 2010, regula en profundidad cómo deben ser los planes de igualdad en su artículo 58. Pero, ¡manda güevos! -y nunca mejor dicho- en la tabla salarial anexa ese mismo convenio define las categorías en género masculino, salvo la referente a las limpiadoras, en femenino.


Mientras las mujeres no formen parte de la mesa de negociación y de los organismos de representación unitaria y sindical en función, al menos, se su proporcionalidad va a pasar siempre lo mismo. Los olvidos en redactados, al menos formalmente, discriminatorios, la caída a las primeras de cambio de las cláusulas de las plataformas sindicales a favor de la igualdad y la conciliación de la vida laboral y familiar. Quizás ha llegado el momento de que entiendas que es más favorable para el interés colectivo en sentido amplio renunciar a medio punto de incremento salarial a cambio de mayor disponibilidad del tiempo por las personas trabajadoras.


Ya sé que es ésa una cuestión que el sindicalismo lleva escribiendo en sus papeles internos hace un montón de tiempo. El problema es que eso no se plasma, en general, en nuestra negociación colectiva. Y, en definitiva, aquello que tiene un papel didáctico en el comportamiento social –por su mayor cercanía, como he dicho- es el convenio, no la Ley. Una nueva ruptura, singularmente importante de nuestro afán primigenio como pareja.


Y, finalmente –en el terreno de las objeciones personales- el nuevo modelo productivo, o, mejor dicho –que aunque conexo no es lo mismo-, el nuevo modelo de organización de la empresa, determina que en el mismo centro de trabajo concurran múltiples asalariados de empresas diversas. En definitiva, la famosa descentralización productiva que doña Economía ha impuesto. Aquí si que los honorables Bonaplata y Rius no se reconocerían (aunque sí sus herederos): su paradigma era la empresa universal, no la empresa-red hoy vigente.


El nuevo modelo determina la aparición de múltiples agravios comparativos. Ni todos los que curran en el mismo centro de trabajo son de la empresa titular del centro, ni todos los trabajadores de la empresa están allí ubicados. Seamos, de nuevo, sinceros: aquello que surgió como un modelo de organización de los recursos humanos basado en la eficiencia productiva o del servicio se ha acabado convirtiendo en un mecanismo de rebajar costes salariales. Por tanto, en una nuevo arquetipo de quiebra de igualdad y de la solidaridad entre los trabajadores. Primero fueron las actividades accesorias, luego las esenciales pero no inherentes –en la jerga de la Sala del Tribunal Supremo-. Y hoy vale todo: las cooperativas de falsos autónomos, las empresas multiservicios –esas nuevas ETT sobre las que nadie dice apenas nada-, los autónomos económicamente dependientes con su frágil (e inconcreta) separación con los asalariados...


En muchos casos, el trabajador ya no sabe quién es el empresario, aunque bien conoce que cobra menos que el compañero del lado por hacer el mismo trabajo. Y acepto que aquí las responsabilidades son compartidas: ni el Derecho del Trabajo ha sabido instaurar nuevos mecanismos de tutela, ni el sindicalismo ha sido capaz de frenar esa desvirtuación efectiva de la responsabilidad empresarial y la precarización contractual que ello comporta.


Los iuslaboralistas, ciertamente, nos hemos limitado a aplicar instituciones propias casi seculares (las subcontratas, la sucesión de empresas y la cesión de empresas) a un fenómeno nuevo. Pero tampoco el sindicalismo ha sido capaz en la negociación colectiva y los mecanismos de representación del interés colectivo de establecer novedosas tutelas.

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Y así estamos. Todos esos fenómenos –y me dejo otros muchos- han comportado la quiebra de la igualdad y, por tanto, de la solidaridad. La segmentación del colectivo asalariado está desarmando nuestro discurso –que es común- y, por ende, está desarmando el discurso de la izquierda.


Te propongo, por tanto, que recuperemos el sentido originario de nuestra vida en pareja. Que reindiquemos nuestros afanes igualitarios como elemento de vertebración social y, por tanto, como elemento de civilidad. Y que, en consecuencia, devolvamos a doña Economía a sus lindes (de donde nunca debió salir)


Reivindiquemos la igualdad como valor de civilidad, como uno de los viejos anhelos republicanos. Nosotros, ambos, somos hijos de esos anhelos.


Y en ese marco, si lo aceptas, tú tienes, querido sindicalismo, un papel central –el mío, como te he dicho es subordinado al tuyo- Lo tienes en la negociación colectiva y la concertación social.


Borremos de los convenios la segregación. Y ello comporta, indudablemente, una nueva cultura negocial que no se fije tanto en los trabajadores “instalados” (y ya sé que ésos son tus clientes naturales), sino especialmente en eso que doña Economía llama “outsiders”. Son ellos, utilizando la conocida frase del maestro, la nueva pobreza laboriosa.


Acabemos con la cultura de la temporalidad contractual, aceptando la universalización de una flexibilidad en las condiciones de trabajo de nuevo cuño, que no se instale tanto en las capacidades decisivas del empresario –eso no es flexibilidad, sino precarización- sino en su carácter bidireccional (tan legítimo es que el empleador distribuya irregularmente la jornada por motivos productivos, como que el currante haga lo propio por motivos personales o familiares) Y, por supuesto, peguemos palo a la temporalidad sin causa. Acabemos con los supuestos de segmentación intergeneracional. Aceptemos que el empleo –en términos cuantitativos y al menos por ahora- ya no es ninguna fórmula mágica que sirva para romper la igualdad y la solidaridad.


Pensemos las políticas sindicales y jurídicas en clave transversal de género. Por supuesto, replanteemos los mecanismos de respuesta a la descentralización productiva. ¿Por qué no una nueva ley sobre ese fenómeno que aborde la cuestión en clave unitaria, tanto desde la perspectiva contractual, como de participación y de negociación colectiva?


Y, por último –si me lo permites- arréglate un poco. Tu modelo organizativo centralizado y centralizante era óptimo para el fordismo, pero ya no sirve para la nueva empresa disgregada.


Te toca ahora a ti ponerme verde. De buen seguro que tendrás razón en todas las objeciones que me formules. Y te pido, ya anticipadamente, perdón por mis desvaríos con doña Economía.


Reencontremos conjuntamente la ilusión de los primeros tiempos de nuestra convivencia, aunque desde nuestra madurez. Nunca es tarde para recuperar la pasión en la pareja.


Un abrazo enamorado y esperanzado.

07 January 2008

SOBRE LA FLEXISEGURIDAD

CARTA DE ESTHER NIUBÓ A LOPEZ BULLA SOBRE LA FLEXISEGURIDAD.


Carta a López Bulla sobre “flexiguridad”


Estimado José Luís,


En esta era de la globalización acelerada, de la economía abierta y de las grandes transformaciones tecnológicas y sociales, los defensores de la flexiguridad la consideran la estrategia más adecuada para garantizar la flexibilidad del mercado de trabajo y de las organizaciones laborales y, a la vez, una mayor seguridad de las rentas y del empleo de los trabajadores y trabajadoras –y en particular, de aquellos con más problemas de integración laboral-. Por un lado, dicen que este modelo legitima un mayor grado de flexibilidad numérica, funcional y salarial favorable para la adaptación del capital a las condiciones cambiantes del mercado. En él, por ejemplo, las empresas tienen más facilidad para contratar y despedir, se promueve un mayor “dinamismo” laboral y los cambios de puesto de trabajo, vinculados –eso sí- a la formación continuada, y se condicionan los salarios a los progresos de las empresas, o incluso de las subvenciones del paro a la búsqueda activa de empleo y a la formación. Y por el otro, garantiza la seguridad laboral defendiendo la carrera profesional de los trabajadores -que no ya su puesto de trabajo permanente ni a tiempo completo, dado que se naturaliza la temporalidad y la transición entre diferentes tipos de empleo- y sus ingresos en el mercado laboral, proporcionando políticas activas de formación continua y recualificación, además de prestaciones económicas en periodos de desempleo, que permiten al trabajador mantener la empleablidad -y, por lo tanto, encontrar nuevamente un trabajo- y, al Estado, reducir la dependencia funcional de su población a las prestaciones sociales, y mejorar así sus problemas de financiación.

Si bien a primera vista parece un modelo perfectamente sensato, tengo la impresión de que propugna aquello que Anthony Giddens apuntaba ya hace años en su Tercera Vía, que Blair y muchos otros se han encargado de aplicar después, y que ahora Sarkozy parece querer impulsar en Francia, es decir: una capacitación individual como defensa principal -o única- para afrontar la desprotección de un mercado laboral incierto. O sea, reduce la solidaridad social mercantilizando el régimen de bienestar y vinculándolo al mercado laboral, lo cual dificulta la resolución colectiva de los problemas individuales, y menoscaba así uno de los principios del socialismo.

En Europa, existe en estos momentos un panorama sociolaboral muy fragmentado donde se distinguen -sin contar los regímenes de bienestar de los países del Este, algunos de los cuales ya son miembros de la Unión Europea- cuatro grandes modelos: los países que forman parte del modelo nórdico de Estado del Bienestar, que son aquellos que se caracterizan por un alto grado de flexibilidad y de protección social, y donde la flexiguridad ha tenido éxito –Dinamarca, Finlandia, Suecia, etc.-; los países del modelo continental, como Alemania, Bélgica, o Francia, y que destacan por un alto grado de protección social pero por una flexibilidad laboral baja; los países que configuran el modelo anglosajón o liberal –con el Reino Unido como principal exponente-, que han conseguido una alta flexibilidad laboral en detrimento de una protección social baja; y los países del modelo mediterráneo -como el nuestro-, caracterizados por su rigidez laboral y, además, por garantizar un nivel de protección social bajo, pero que están avanzando hacia una mayor flexibilidad -sin progresar al mismo tiempo en protección-.

En este contexto, muchos encontrarían los motivos por los cuales defender con mayor énfasis el modelo de la flexiguridad ya que, para los mediterráneos, tener este modelo significaría básicamente avanzar en la flexibilización del mercado laboral –lo cual puede tener algunas ventajas como avanzar en la conciliación entre la vida personal y laboral, mediante una reducción real de la jornada de trabajo- y conseguir la anhelada seguridad para los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, teniendo en cuenta las diferencias socioeconómicas que distancian Cataluña de economías como las escandinavas, me asusta pensar en su posible aplicación aquí. Y es que, frente a economías basadas en el conocimiento; con una elevada inversión en investigación, desarrollo e innovación; con una población altamente cualificada; y con altos índices de productividad y de competitividad; aquí partimos de un sector tecnológico y del conocimiento aún poco desarrollado, con una población con unos niveles de instrucción deficitarios –sólo un 13% tiene estudios universitarios, y se registran altos niveles de fracaso escolar (del orden del 30%), entre otros-, y con una proporción importante de personas dedicadas a sectores asentados sobre las ventajas en costes salariales o sobre las producciones de bajo valor añadido. También es cierto que en pocos años la economía catalana y española ha evolucionado mucho, y que nos encontramos en un momento de transición hacia un modelo de crecimiento más equilibrado, menos basado en la construcción y que invierte más en los bienes de equipo. Y que, además, se van incorporando nuevas técnicas de gestión que añaden valor a los servicios tradicionales, productos innovadores y sostenibles en los procesos de producción, estándares de calidad en el trabajo, etc., pero sigo pensando que en Cataluña y España, este sector no está aún lo suficientemente consolidado ni extendido como para articular el modelo económico y social a su alrededor. De hecho, nos queda aún mucho trabajo que hacer para incorporar conocimiento y talento en la producción, por no mencionar los avances que necesitamos en el terreno de la cohesión social.

Parece, por lo tanto, poco realista pensar en un sistema como el danés del cual aún estamos tan lejos, porque: ¿es que le tendremos que decir al trabajador con una baja calificación previa que va a tener que formarse a lo largo de toda su vida para adaptarse a los cambios que requiere el mercado para ser más competitivo y poder desarrollar nuevas tareas? ¿…pero que no se preocupe porque recibirá ayudas en caso de quedarse sin empleo, a condición de que decida formarse? ¿Es que si este tipo de trabajador se queda individualmente excluido del mercado laboral, va a poder alcanzar unos niveles de bienestar social aceptables? ¿Habrá suficiente población cualificada integrada en el mercado laboral o recursos disponibles como para soportar el sistema de bienestar y servicios sociales para el conjunto de la población?

No quiero decir con esto que no debamos hacer nada y mantener el actual modelo. Por supuesto que no. De hecho, creo que es necesario incrementar la inversión en educación, en investigación y desarrollo, en políticas activas de ocupación –también en aquellos elementos de mejora de las condiciones de competitividad e internacionalización-, etc., ya que sólo así se podrá garantizar una mayor tasa de actividad y de empleo, una mayor igualdad en el empleo entre sexos, mejores condiciones laborales -mayores ingresos y estabilidad en el empleo- y, en definitiva, mayor equidad y cohesión social. Se trata de una condición necesaria para evitar, en este contexto internacional, las deslocalizaciones, la precariedad laboral, el desempleo, la baja productividad, la crisis económica y un aumento del riesgo de exclusión social. Sin embargo, es una condición necesaria pero no suficiente, y por ello la lucha de las fuerzas políticas de izquierdas no debe ser por la flexiguridad, sino por la inversión en educación y en el resto de políticas sociales, es decir, por el progreso, la seguridad en su sentido más amplio y la cohesión social.

Comparto que flexiguridad no es lo mismo que desregulación laboral. Y, de hecho, algunos la consideran una fórmula de postregulación para las economías que -como las de hoy en día- necesitan promover la competitividad. Pero no logro desprenderme de la sensación de que los socialistas y la izquierda en general nos hemos creído el discurso de la derecha y hemos interiorizado la necesidad de flexibilidad. Algunos dirían que ésta es un hecho y que la exige el actual mercado globalizado a las empresas si quieren sobrevivir. Pero desde el momento en que hay países como Alemania cuyas empresas invierten mucho en formación, en calidad, en producción de valor, pero que son capaces a la vez de mantener una estabilidad laboral importante, esta “verdad” deja de ser la única cierta.

Y en esa deriva, las fuerzas de progreso -en su esfuerzo de “renovación”- se despiertan e intentan –seguramente demasiado tarde- convencer de la validez de la flexiguridad a una derecha neoliberal que gobierna la mayoría de países europeos, y que no acepta el binomio completo -flexibilidad y seguridad-, sino sólo el primer concepto a conveniencia, amputando la parte social del mismo y dejándonos -de este modo, sí- al amparo del mercado.

Por ello, aún me sorprende ver al centro izquierda y a la izquierda en general –principalmente del sur de Europa- defender estos planteamientos sin complejos, con poca reflexión y autocrítica. Unos planteamientos que van en la línea de los objetivos macroeconómicos de la Estrategia de Lisboa, los cuales se acordaron sin contemplar fines paralelos de convergencia social, y cuya consecución defiendo para el desarrollo de nuestras economías. Sin embargo, lo hago más como alternativa viable a los problemas actuales que percibo, que con un convencimiento ideológica de fondo de lo que habría que hacer. Porque, ¿qué hay de los viejos valores socialistas de la solidaridad, de la igualdad –y no sólo de la igualdad de oportunidades-, de la libertad, de la justicia social, de la vocación de servicio público y del Estado del Bienestar universalista? ¿Garantiza la flexiguridad el mantenimiento de estos viejos principios? ¿Estamos convencidos de ellos? ¿No son mayores los retos que las oportunidades que plantea este modelo para los trabajadores y trabajadoras? ¿Sabemos hacia donde vamos, hacia dónde nos llevan o hacia dónde queremos ir? ¿Hay alternativa? Y en ese caso: ¿cuál es?

Muchas gracias por atenderme, y espero que tenga oportunidad de conocer tu visión al respecto y de aclarar mis dudas.

Recibe un cordial saludo.

Esther Niubó